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Un
parecido nada razonable
| Aloma Vidal |
Una de las primeras consecuencias del reciente
golpe de estado militar en Tailandia es la aplicación de una férrea
censura en los medios de comunicación. Los líderes golpistas que
rigen ahora ese país han prohibido a los medios publicar ciertas
noticias y comentarios porque consideran que son una amenaza para
el régimen recién impuesto. No es, desde luego y por desgracia,
ni el primer ni el único caso vigente de control de la prensa por
parte del poder. La censura informativa ha existido y existe todavía
en demasiados países, caracterizados por una falta generalizada
de libertades y un régimen político dictatorial, impuesto muchas
veces tras la actuación violenta de grupos militares o rebeldes.
Son países como Corea del Norte, Birmania, Turkmenistán, Guinea
Ecuatorial, Libia, Eritrea, Cuba, Uzbekistán, Siria o Belarús, por
mencionar los diez en los que más censura existe según un análisis
del Comité para la Protección de los Periodistas. Destaca ese informe
cosas espeluznantemente curiosas, como que en Guinea Ecuatorial
la radio del Estado difunde canciones que advierten a los ciudadanos
de que serán aplastados si hablan en contra del régimen o que, durante
las elecciones parlamentarias de 2004, los medios estatales de ese
mismo país llamaron "enemigos" del Estado a los activistas
de la oposición.
España vivió también la falta de libertad de expresión y la censura
en los medios de comunicación durante el régimen de Franco. Pero
de eso hace ya treinta años y ahora, afortunadamente, nuestra Constitución
y nuestra democracia garantizan el derecho de los ciudadanos a ser
libremente informados. Conocer lo que ocurre desde todos los puntos
de vista, acceder a la verdad y llegar al fondo de las cosas sin
que nadie pueda poner obstáculos para ello constituye uno de los
avances posibilitados por nuestra transición que más valoramos los
españoles y el argumento en el que, por cierto, más se apoyaron
los socialistas para lograr la victoria en las Elecciones Generales
de 2004. Los ciudadanos, decían entonces, teníamos derecho a saber
la verdad sobre los atentados del 11 de marzo de aquel año y queríamos
un Gobierno que no nos mintiera.
El Gobierno que supuestamente mentía se fue, y llegó el que defendía
la verdad. Dos años después, un diario nacional descubre una serie
de puntos oscuros en relación con el sumario del 11M, ejerce su
derecho a informar libremente y defiende, como recoge el Código
Deontológico de la Profesión Periodística, la libertad de investigar
y de difundir la información, aportando no sólo testimonios, sino
también pruebas documentales. Todo ello entendiendo que la sociedad
española sigue queriendo saber la verdad y rechazando un Gobierno
que nos mienta. Sin embargo, quienes defendían entonces esas posturas,
quienes iban a ampliar las libertades y a ensanchar la democracia,
hoy gobiernan, y esa investigación periodística les molesta. Hasta
el punto de que han promovido una vuelta de nuestro país a los tiempos
de la censura, aunque sea de una forma indirecta.
De una forma, diría, peligrosamente curiosa. "Buscamos su cooperación
para no presentar artículos, declaraciones o informaciones que infrinjan
la reforma democrática", le dicen a los medios los golpistas
de Tailandia. Casi al mismo tiempo, en España se dice que las informaciones
críticas con el Gobierno de Zapatero publicadas por ese diario nacional
y cuya difusión apoyan otros medios son prácticas "que afectan
gravemente a las instituciones democráticas", que "ponen
en peligro la convivencia" y que "no pueden considerarse
periodismo". El parecido entre ambas afirmaciones produce cierto
escalofrío, que llega a ser hiriente si se tiene en cuenta que la
primera corresponde a un gobierno dictatorial impuesto por la fuerza
mientras que la segunda la lanza un órgano de representación y,
se supone, de defensa de la profesión periodística de un país democrático,
como es el Colegio de Periodistas de Cataluña.
Por suerte, no vivimos en Tailandia, ni en Turkmenistán, ni en Guinea
Ecuatorial. Aquí la radio estatal no amenaza a los ciudadanos con
aplastarlos si son críticos con el régimen ni llama "enemigos"
a los activistas de la oposición. Aquí somos mucho más avanzados
y son los propios periodistas los que ejercen de censores y señalan
como apestados a los colegas cuyo trabajo es molesto para el poder
y encima coincide con las tesis del principal partido opositor,
lo que consideran un agravante. Una sorprendente diferencia entre
nosotros y esos países con los que los representantes de los periodistas
catalanes han establecido un parecido nada razonable.
23/09/06
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