Aleluya. Un año
y medio después de haber llegado al Gobierno de la Xunta, el bipartito
ha decidido comprometerse con los derechos de los ciudadanos, nunca
es tarde. Año y medio para darse cuenta de que toda esa gente que
les votó, e incluso la que no les votó, tienen unos derechos, ahí
es nada. A este ritmo, igual en un par de legislaturas lograban
cumplir alguno de ellos.
El caso es que han caído en la cuenta de que "habelos, hailos"
y Touriño ha prometido algo así como poner a trabajar a un montón
de colectivos y personas para conocer esos derechos, puestos todos
juntitos en una carta. Para conocerlos él y sus conselleiros, digo
yo, porque el resto de los mortales ya sabemos cuáles son y lo que
necesitamos es que se cumplan. Vamos, que lo que necesita el presidente
y su tropa, más que una carta, es que alguien les lea la cartilla
sobre el cumplimiento de lo que la sociedad, por derecho, les exige.
Si han descubierto ahora que necesitan un catálogo de los derechos
exigibles por los ciudadanos y que la Xunta debe garantizar, es
que esto va peor de lo que yo pensaba. Porque yo me pregunto entonces
qué es lo que han hecho hasta ahora, o mejor dicho, hasta que esté
lista la carta esa que, con tanto comité, tanta asociación, tanta
encuesta y tanta participación social, nos van a dar las uvas de
no sé sabe qué año. De momento, han celebrado una de esas reuniones
que sólo sirve para la foto y para decidir que hay que seguir reuniéndose,
ya empezamos.
En el colmo de mi ingenuidad, yo creía que los gobernantes conocían
las leyes, decretos, órdenes y demás normas que regulan los derechos
de los ciudadanos y las obligaciones de la Administración para con
ellos. Pero parece que no. O, al menos, parece que Touriño no las
conoce y ha pedido que se las expliquen por carta para luego pasársela
a la consellerías a ver hasta qué punto pueden cumplirla, estamos
perdidos. Podrían empezar a escribirla los muchos que siguen esperando
por las ayudas urgentes prometidas hace meses para los afectados
por los incendios o por las inundaciones. Fue el propio presidente
el que decidió que esos ciudadanos tenían derecho a una compensación,
pero ahora parece que no se acuerda, porque, claro, sin tener un
catálogo, el pobre se pierde. O los que se ven morir en las listas
de espera sanitarias que, según la conselleira, no existen; o aquellos
a quienes les han perdido el aval bancario de su vivienda en alquiler;
o los opositores a los que les extraviaron el examen; o los toxicómanos
a los que señalaron con el dedo en el Diario Oficial de Galicia;
o los que esperan el AVE que no llega.
Hay en este Gobierno partido en dos una manía casi obsesiva por
vestir la ineficacia con prosa escrita, con publicaciones, publicidades
y gestos de pseudoparticipación ciudadana para hacer ver que hacen
algo. Y una fijación casi enfermiza por concluir todas esas iniciativas
de marketing con el clásico contra el vicio de pedir la costumbre
de no dar. Los ciudadanos ya conocemos nuestros derechos, entre
ellos el de contar con una Administración que no sólo los conozca
también, sino que además los atienda en su totalidad. Y que no pierda
el tiempo en jugar a las cartas.
