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El artículo

Legitimidad adaptable
| Aloma Vidal |

En el mar de diferencias que les separan, socialistas y nacionalistas gallegos salen a flote agarrándose juntos a elementos construidos a medida de sus intereses y de su forma de entender la práctica política, que es, no pocas veces, difícil de entender aunque sea políticamente muy práctica.

Uno de esos elementos es el que podría darse en llamar legitimidad adaptable, definida en el quehacer habitual de este matrimonio de conveniencia como aquella que lo es o no lo es en función de si se aplica a ellos o a los de enfrente. Según su particular diccionario, un acto definido por el de la Real Academia como ilícito, no conforme a las leyes, no permitido e injusto lo es, alcanzando la categoría de escándalo, si lo cometen sus adversarios; pero cuando un acto similar o incluso de peores consecuencias sale de sus propios adentros, la legitimidad se manipula, se suaviza, se adapta para amoldarse a sus circunstancias y, como por arte de magia, el escándalo acaba recayendo igualmente en los otros.

En los últimos días hemos sabido por la prensa que dos gallegas formaron parte, sin saberlo, de listas electorales presentadas por el PP en los últimos comicios municipales para sendos ayuntamientos del País Vasco. Una ilegalidad, al no contar con su consentimiento para tal responsabilidad, que ha provocado contundentes reacciones por parte de PSOE y BNG. El secretario provincial de los socialistas de Pontevedra, Modesto Pose, ha visto en tales actos una prueba de que en la organización del PP se acostumbra a falsificar y ha pedido una investigación y la inmediata depuración de responsabilidades. Por su parte, el diputado del Bloque Bieito Lobeira cree que estos hechos evidencian la absoluta falta de escrúpulos de los populares y habla también de falsificación con imputaciones delictivas, por lo que exige una investigación judicial.

En Vilagarcía, el PSOE presentó a un candidato a alcalde que no podía serlo por pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía, situación que, por ley, lo hacía inelegible. Los socialistas presentaron, por tanto, a un candidato ilegal que, por cierto, llegó a ser alcalde con el apoyo de los nacionalistas. La ilegalidad del PP fue presentar a dos candidatas a las que no debieron presentar porque ellas no lo sabían. La ilegalidad del PSOE fue presentar a un candidato al que no debieron presentar porque la Ley lo impedía, aún sabiéndolo tanto el partido como él mismo. El primer caso no ha tenido más consecuencias, en la práctica, que la justificadísima indignación de las afectadas. En el segundo caso, al margen de la dimisión del alcalde León "el breve", Vilagarcía y sus ciudadanos han sido obligados a quedar en una situación de incertidumbre, con un Gobierno local surgido de una candidatura fraudulenta y del apoyo a la misma del BNG.

Ni socialistas ni nacionalistas ven en esa situación falta de escrúpulos, ni falsificación, ni imputaciones delictivas, pese a que los primeros cometieron fraude en las elecciones y los segundos los respaldan. Y tampoco consideran necesario que se investigue el asunto ni que se depuren responsabilidades. Muy al contrario, han unido, una vez más, sus manos agarradas a la legitimidad adaptable y han trasladado el escándalo al Partido Popular por atreverse a pedir esa investigación y esa depuración y por osar pretender que la legalidad se asiente en el municipio arousano


20/07/07

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