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La
guerra de la financiación
| José Cavero |
Son varios los frentes de negociación que esperan alguna clase de
acuerdo, en la recién estrenada legislatura. De un lado, el acuerdo
sobre la reforma de la Justicia, que han empezado a debatir José
Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría. De otro lado, la financiación
autonómica que Pedro Solbes debe abrir ya en cualquier momento con
los responsables de Economía y Hacienda de las Comunidades Autonómicas.
Sobre la primera de esas tareas, que registra mayores complicaciones
de los que inicialmente se suponían, declara el portavoz socialista
Alonso que está resultando difícil pactar "porque todos tienen
en discusión sus liderazgos", si bien se asegura que el PP
ha rebajado sus condiciones para alcanzar ese pacto, dificultado
en buena medida por la mayor importancia que el Gobierno socialista
quiere dar a los fiscales, rebajando, a su vez, el papel de los
jueces en la instrucción de sumarios. Pero al PSOE le urge que se
proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial como paso
previo a cualquier otra reforma, frente al PP, que antepone esas
reformas a esa renovación.
En cuanto a la financiación autonómica, todavía hay únicamente "aproximaciones
periodísticas", o sea, declaraciones de las partes por la vía
de las declaraciones a la prensa. Por parte del gobierno de la Nación,
el secretario de Estado Ocaña vuelve a advertir hoy que el Estado
no pondrá mucho más dinero en el sistema, por razón de que no quiere
renunciar al papel de garantizar la solidaridad. Y a partir de ahí,
el PSOE y el ministro de Economía habrán de buscar fórmulas para
convencer al presidente catalán, Montilla, a su conseller Castells
y al PSC, para que se avengan a una fórmula "constitucional
y socialista". Ésa habrá de ser la primera "conquista"
que debiera lograr el Gobierno: negociar con todas las comunidades
con parecidos o iguales criterios, y no cediendo ante Cataluña,
"que es una de las autonomías que más aporta al Estado".
¿Trato igualitario, o a cada cual según sus aportaciones y sus necesidades?
Esa es la gravísima cuestión que habrá de señalarse desde el primer
momento, y no parece nada sencilla de resolver. Los catalanes saben
que tendrán frente a sus reivindicaciones las de los restantes territorios,
y en particular, los andaluces, con fuerza muy considerable en cualquier
reunión de dirigentes socialistas. Asegura el secretario de estado
Carlos Ocaña que hay cierto consenso en el modelo de financiación,
aunque predominen las distintas sensibilidades. Añade: "Discrepo
de la imagen que se pretende dar de pelea entre comunidades pobres
y ricas. Nadie va a perder con el nuevo sistema", dice después
de explicar que hay acuerdo en que cada español, independientemente
de donde viva, tenga garantizado el acceso a sanidad, educación
y servicios sociales básicos de calidad. Pero el Estado deberá garantizar
la solidaridad en otro tipo de servicios y en la convergencia regional.
Explica, asimismo, que hay bastantes elementos en los que se puede
pactar con relativa facilidad. Y anuncia que el reparto de impuestos
será del 50 por 100 en IRPF, 50 en IVA y 58 en impuestos especiales,
-petróleo y tabacos- si bien se pretende crear un fondo nuevo para
asegurar gastos de convergencia regional y mantener el papel del
Estado en servicios esenciales y en otros.
Pero insiste Ocaña en que la posibilidad del estado de que se transfieran
nuevos recursos del Estado a las comunidades es limitada, aunque
buscará la fórmula para compensar la pérdida del impuesto de patrimonio.
Alguna cesión más, tal vez rebajando el ingreso del Estado en impuestos
especiales, rebajándolo también al 50 por 100. La de Ocaña, no hay
duda, es una voz tranquilizadora ante un proceso que no parece sencillo.
06/05/08
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