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El
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga al Ayuntamiento de
Pontevedra a incluir en el Plan Urbanístico la ampliación
de Ence
Ence
deberá solicitar la licencia municipal al concello para proseguir
con las obras de ampliación de su complejo industrial en Lourizán
(con el objetivo de construir una fábrica de papel), pero el concello
también está obligado a modificar el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) para que incluya los nuevos planes empresariales de la compañía,
como ordena la Xunta desde enero pasado.
Un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (el primero del
TSXG en este conflicto y que responde a una iniciativa del concello
contra el plan sectorial de supramunicipalidad de Ence aprobado por
la Xunta) acaba de dar la razón al concello en su tesis de que la
empresa necesita el permiso expreso municipal para ejecutar sus obras
en Lourizán, unas obras que permanecen paralizadas desde el pasado
16 de abril.
Por contra, los jueces no atienden otra petición municipal para que
se anule también la exigencia autonómica de adaptar el PGOU a los
planes de la compañía, lo que obligaría al gobierno local a acatar
las órdenes de la Xunta al respecto.
Suspensión cautelar
El auto, dictado el 30 de abril y notificado ayer, se refiere tan
sólo a una petición del concello de que se suspendan cautelarmente
los efectos del plan sectorial que aprobó la Xunta en diciembre, concretamente
los referidos a la exención de licencia y la obligación municipal
de modificar su Plan General en ocho meses.
Los magistrados evitan cualquier referencia al fondo del asunto (objeto
de otro recurso municipal todavía en fase de estudio), pero sí son
muy claros en esos dos puntos. Con respecto a la licencia, advierten
de que la Lei do Solo de 2002 sólo exime de ese trámite a determinadas
obras públicas y deja claro que el plan de la compañía es privado.
Prevalencia
En cambio, en referencia al PGOU, el auto apoya la tesis de que los
planes sectoriales como el de la fábrica de papel están por encima
de cualquier norma municipal. El auto recuerda que "las determinaciones
contenidas en los proyectos sectoriales de incidencia municipal tendrán
fuerza vinculante para las administraciones públicas y los particulares
y prevalecerán sobra las determinaciones del PGOU vigente, por lo
que los municipios (implicados) deberán adaptar su planeamiento al
contenido del citado proyecto sectorial".
Ocho meses
Añade que esa orden de la Xunta logra así "apariencia de buen derecho"
por cuanto "sobrepone los intereses públicos gestionados por la Administración
Autonómica sobre los también públicos municipales, decantándose claramente
por un modelo territorial sobre otro (...) en el que han debido tenerse
en cuenta los efectos positivos que produzca para el medio ambiente,
el paisaje rural y el patrimonio cultural, la contribución al desarrollo
sostenible social y económico de Galicia" y otros argumentos supramunicipales.
La Xunta otorgó en diciembre pasado un plazo de ocho meses para que
el PGOU de Pontevedra incorporara la papelera y demás ampliaciones
de Ence. El auto judicial da ahora plena validez a esa orden, aunque
aclara que esta postura judicial no supone ningún avance de lo que
se puede decidir en el futuro con respecto a la legalidad o no del
conjunto del plan sectorial recurrido por el concello. Al respecto,
los magistrados especifican en su auto que "no pueden tomarse en consideración
buena parte de las alegaciones que esgrimen los litigantes, pues ello
entrañaría entrar directamente en el debate de fondo".
noticiasgalicia.
farodevigo. 07/05/04
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