La secretaria general del Instituto Nacional de Estadística (INE), Natividad Domínguez Calaveras, y la jefa de área, Pilar Rocasalbas Vázquez, han sido citadas a declarar ante el Juzgado de instrucción uno de Lugo en relación con la denominada operación Garañón. Una providencia con fecha del 13 de abril, a la que hoy ha tenido acceso Efe, cita a declarar a ambas "en calidad de investigadas por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación".
La dos deben comparecer en los Juzgados de Lugo el próximo 19 de mayo a las 10:30 horas para aclarar la compra del sanatorio García Portela para convertirlo en la sede de la institución en Lugo. La providencia subraya la "actitud obstruccionista del INE" en relación con este asunto, porque "ha ocultado información relevante a este Juzgado que ha sido ulteriormente presentada tanto por el Ministerio de Economía y Hacienda como por la Subdirección de Patrimonio del Estado".
La titular del Juzgado de instrucción uno de Lugo, Pilar de Lara, investiga la operación de compraventa por el INE del sanatorio García Portela, un edificio ubicado en las inmediaciones del parque de Rosalía de Castro y de las polémicas torres de O Garañón, al apreciar indicios de que ha sido "un pelotazo" urbanístico.
Un auto firmado el pasado 7 de octubre, al que Efe ha tenido acceso, indica que "no cabe duda del carácter, aparentemente, especulador de la operación", en la que "habría participado un organismo público, de forma manifiestamente injusta y empobrecedora para el erario público". Se trata de una operación que "habría enriquecido, también de forma injusta, a una empresa privada, pudiendo hablarse, siquiera indiciariamente, de un auténtico pelotazo".
La jueza aclara que "una empresa constructora" vendió a una firma dedicada a "la panadería industrial" un "antiguo sanatorio", un edificio "antiguo, inservible" y en "estado ruinoso". Pese a ello, esa empresa "encuentra rápidamente un comprador", el "propio Estado", e incluso lo halla "antes de ser propietaria del edificio", dado que se lo ofertó al INE antes de formalizar la compra con la constructora. Con esta operación, la empresa panificadora ganó "una plusvalía de un 46,44 %, al obtener unos beneficios por la venta de 671.376 euros", señala el escrito.
Las obras de rehabilitación y adaptación del García Portela por un plazo de 15 meses están en pleno proceso de ejecución por parte de la empresa Tragsa.
