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Orquestas | Galicia

El 'rey de las orquestas gallegas' se niega a declarar

Viernes, 21 Abril 2017 11:22
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El empresario pontevedrés Ángel Martínez Pérez, conocido como 'Lito', ha ejercido su derecho a no declarar ante el tribunal que le ha juzgado este jueves por seis delitos fiscales contra la Hacienda pública, por no haber tributado lo debido en el impuesto de sociedades, IRPF e IVA en 2011 y 2012. La Fiscalía solicita 14 años de prisión y el pago de casi 53 millones de euros, nueve de los cuales se corresponderían con las cantidades presuntamente defraudadas en esos dos años.

 

En la vista oral, celebrada hoy en la Audiencia de Pontevedra, los peritos de la Agencia Tributaria confirmaron que 'Lito', que está considerado como el rey de las orquestas gallegas, controlaba "claramente" el 60% del sector y gestionaba su actividad de una manera "opaca".

 

"Es un claro ejemplo de economía sumergida", han explicado. Esas orquestas, han señalado los expertos, eran "reos y prisioneros" del empresario y de la compañía que administraba, tal y como demuestran los documentos que requisaron en las oficinas de Representaciones Lito en el registro realizado en noviembre de 2013. La documentación digital y en papel que encontraron en el registro, han explicado ante el tribunal, recogía con una "precisión matemática" las cuentas en A y en B del empresario y de las orquestas a las que representaba.

 

Las facturas emitidas solo suponían el 8,3% de su volumen de negocio, según los cálculos de la Agencia Tributaria, principalmente a administraciones públicas y comunidades de montes, mientras que los pagos de la mayoría de las comisiones de fiestas que contrataban sus servicios quedaban reflejadas en estas cuentas pero sin factura de por medio.

 

Según los cálculos de Hacienda, la empresa ingresó en 2011 un total de 26.096.785 euros frente a los 2.160.422,76 euros declarados, mientras que en 2012 sus ingresos fueron de 23.973.409 frente a los 1.997.967,39 euros que recoge su contabilidad. Unas cantidades que, han recordado los peritos, "nadie ha puesto en cuestión" durante la instrucción. La actividad de 'Lito' creaba una "situación monopolística" en el sector, han señalado los técnicos de la Agencia Tributaria, y el empresario dirigía toda esta actividad a través de un grupo familiar de compañías que "vendían la actuación musical al cliente y lo compraban a las orquestas", actuando al mismo tiempo como productor e intermediario.

 

Los peritos de la Agencia Tributaria también analizaron las relaciones que tenía 'Lito' con los agentes de zona que se repartían toda Galicia como intermediarios entre las orquestas y las comisiones de fiestas y que, aunque se presentaban como trabajadores autónomos que cobraban una comisión, de la documentación se deduce que "trabajan para Lito".

 

Dos de esos agentes han explicado ante el tribunal que a ellos les pagaban las comisiones de fiestas y no trabajaban en exclusiva para el acusado, sino que ofrecían otras orquestas y artistas como agentes autónomos, pero los peritos han descartado que el empresario fuese un "mero intermediario". Sin embargo, tanto dos peritos aportados por la defensa como dos antiguos trabajadores de Espectáculos Lito, que insistieron en que el empresario solo cobraba por su "gestión de intermediación" entre las orquestas y los promotores de las fiestas y se llevaba una comisión por ello.

 

Estos dos expertos de parte también han explicado que, tal y como se estila en el sector, el acusado no pagaba a las orquestas, sino que eran las comisiones de fiestas las que les pagaban directamente "como un grupo de músicos que se juntan para actuar" y que cobran de forma individual por su trabajo.

 

El abogado del empresario pontevedrés ha defendido, siguiendo esta tesis, que 'Lito' debía pagar impuestos solo por el 5% del total de la actividad, pues es el dinero con el que se quedaba su cliente en concepto de comisión. Ante la posibilidad de que las magistradas de la sección cuarta de la Audiencia acepten este argumento, el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, reduciría la petición de condena en lo relativo al fraude del IVA, pues habría defraudado una cantidad muy inferior, y tan sólo pediría 12 años de prisión.

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