La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Avilés ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado que elabore informes sobre los procedimientos administrativos seguidos por 27 ayuntamientos asturianos para aprobar concesiones a Aquagest.
Esta misma magistrada imputó la semana pasada a esta empresa, investigada dentro del denominado "caso Pokemon" abierto en algunos ayuntamientos de Galicia y que supuestamente se habría extendido a otros de Asturias, por la presunta comisión de un delito continuado de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.
El juzgado acaba de dictar una nueva providencia en la que ordena que se libre oficio a la Intervención General de la Administración del Estado con el fin de que se elaboren los informes para determinar la adecuación a la normativa de los procedimientos administrativos abiertos en varios ayuntamientos. Los informes deberán analizar la concesión a Aquagest de la gestión de las aguas municipales en los ayuntamientos de Cabrales, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Castropol, Coaña, Colunga, Cudillero, El Franco, Grado, Llanes, Gozón, Muros del Nalón, Navia, Ribadedeva, Ribadesella, Salas, Tapia de Casariego, Tineo y Vegadeo.
La jueza también solicita informes sobre los procedimientos administrativos incoados en Corvera de Asturias y Pravia para la concesión de la gestión de las piscinas municipales, y en Caravia, Carreño, Nava, Pesoz, y Las Regueras respecto a las relaciones comerciales con Aquagest relativas a las depuradoras de agua o cualquier otro particular. Además, se interesa por los procedimientos administrativos abiertos en el Ayuntamiento de Avilés en relación con la concesión de la gestión del agua a la sociedad mixta creada con Aquagest.
La magistrada indica también que se le comunique a Intervención General del Estado que la documentación correspondiente a todos los ayuntamientos enumerados se encuentra depositada en las dependencias del la Brigada Provincial de Policía Judicial de Asturias. A este respecto, la providencia ordena librar oficio a la Brigada a fin de que tenga lista y preparada a disposición de la Intervención General de la Administración del Estado, o en su caso la Intervención Regional de Asturias, toda la documentación recabada de los ayuntamientos para la elaboración de los correspondientes informes. Esta misma jueza ordenó el pasado mes de julio que se recabaran de estos ayuntamientos todos los expedientes contractuales con Aquagest.
