El comité de empresa de la antigua Fábrica de Armas de A Coruña, que agrupa a 60 trabajadores despedidos, ha anunciado hoy la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de que pida al Tribunal Supremo que anule el ERE de extinción de sus empleos. El presidente del comité de empresa, Roberto Teijido, ha explicado hoy, en rueda de prensa, que esta semana se presentará tanto el recurso ante el Tribunal Constitucional como una demanda ante la Unión Europea (UE).
Teijido ha contextualizado la situación actual de la factoría Santa Bárbara: "No sé qué calificativos tenemos que inventarnos para que la clase política dé las explicaciones oportunas y cuente por qué no toma medidas ante la situación de la antigua Fábrica de Armas de A Coruña", ha apuntado.
"Es conocido por todos -agrega- que incumple lo establecido en la adjudicación de las instalaciones. Los trabajadores no han cobrado ni un euro, incluso algunos en dos años, la empresa reconoce deudas de hasta 50.000 euros que no paga. Mientras, vemos el silencio de la Xunta, del delegado del Gobierno, del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía", ha añadido. Ha recordado que muchos antiguos trabajadores renunciaron "a prejubilaciones y a indemnizaciones para que haya un proyecto de futuro", pero ahora "se incumple con los compromisos contraídos" pues, según mantiene, no se desarrolla actividad industrial.
"Por todo eso vamos a emprender acciones judiciales. En la sentencia, el Tribunal Supremo dice que el Expediente Regulación de Empleo de Extinción es correcto, pero reconoce que la empresa presentó documentación defectuosa y dice que la tramitación del despido no fue modélica; aunque estos errores no justifican la anulación del Expediente", ha subrayado Teijido.
Agrega que el Supremo "hace suyos los datos de la empresa" y argumenta "falacias y mentiras" en la sentencia, por lo que espera un cambio en la determinación judicial, aunque aclara que "sin las reformas laborales, este expediente no habría salido adelante". Los trabajadores dejan el caso en manos de su abogado, Alberto Amoroso, que espera que el Tribunal Constitucional haga repetir la sentencia y que la UE pida al Estado que se corrijan aquellos elementos que contradicen directivas comunitarias.
En concreto, pretende que el Tribunal Constitucional reconozca que se vulneró "el derecho a la tutela judicial efectiva de los representantes de los trabajadores y, por lo tanto, de los trabajadores", al no haber entregado a estos la información que requerían durante el periodo de negociaciones.
Entiende también que existe una infracción comunitaria, pues la UE exige que cuando la extinción afecte a un único centro de trabajo con entidad propia, el expediente debe ser exclusivo para ese centro, con datos desagregados y concretos. "Eso no se hizo, sino que cuando se pidió la contabilidad desagregada por centros, la empresa dijo que no existía; pero en la Audiencia Nacional reconoció que sí.
Entendemos que hubo una mala fe, se ocultaron datos para evitar que los trabajadores pudieran saber si lo que decía la empresa era cierto, si era viable o no", ha continuado. Añade que "la empresa tampoco presentó las cuentas de 2012 porque dijo que no estaban confeccionadas y luego se descubrió que ya estaban auditadas", por lo que piensa que hubo "dos incumplimientos muy graves" que espera sean apreciados así por los tribunales.
