Salvemos Cabana envía un nuevo informe a la Oficina del Defensor del Pueblo acerca de los efectos adversos que la explotación, actualmente abandonada como proyecto metalífero, está teniendo en este curso fluvial que atraviesa la capital del municipio, Fonte Díaz, en contraste con el saneamiento anunciado coincidiendo con la inauguración de un paseo en cuyas tareas y supuesta rehabilitación ambiental del cauce se invirtieron un total de 120.000 euros en el año 2010.
Así, un pequeño río en tiempos truchero se ha convertido en un ecosistema devastado y a todas luces irrecuperable debido a las consecuencias de la falta de un control significativo por parte de las distintas administraciones implicadas sobre las tareas extractivas realizadas hasta 1988 por la minera Río Tinto, que tras obtener durante años un concentrado polimetálico de cobre con pequeñas cantidades de oro abandonó a la intemperie escombreras y cortas sujetas a meteorización ambiental.
Esto derivó en un grave episodio de formación de aguas y suelos hiperácidos e hiperoxidantes, contaminando sin remedio los recursos hídricos de la zona al activar toda la problemática asociada al Drenaje Ácido de Mina (DAM), que convierte a las aguas de escorrentía afectadas en agentes tóxicos que movilizan metales pesados y pueden provocar un incremento de los niveles de elementos como el aluminio y otros compuestos potencialmente peligrosos para la salud.
FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA BALSA MINERA SITUADA EN LA VERTIENTE DE FONTE DÍAZ
Por otra parte, como ya se alertó en su momento al Alto Comisionado, la balsa de residuos tóxicos situada al borde de la carretera de entrada a la capital municipal sigue carente de las más elementales medidas de seguridad al carecer de un cierre eficiente del perímetro, lo que posibilita el acceso a la misma de cualquier persona con el riesgo de accidente que esto conlleva. En la misma línea, se constata la nula existencia de señalización que advierta del peligro de acceso a la explotación minera, por lo que nuevamente se ha trasladado queja al Defensor del Pueblo a este respecto.
Los test de pH realizados desde la asociación en el entorno de la balsa, con niveles en torno a 3, indican la presencia de aguas hiperácidas, lo que en estas condiciones aumenta la toxicidad de las mismas debido a que favorecen la solubilización de metales o metaloides disueltos y elevadas concentraciones de iones complejos, afectando incluso a los niveles de pH de los suelos con los que entran en contacto, acidificándolos e incrementando su biodisponibilidad de metales pesados.
UN LEGADO AMBIENTAL INASUMIBLE
A la vista de los hechos, la asociación se reafirma nuevamente en que los incumplimientos legislativos observados constituyen un legado ambiental inasumible entre la aparente pasividad de las autoridades de la Xunta. La Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, indica en su artículo 46.1 que “corresponde a la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de minas, realizar las comprobaciones necesarias”, así como garantizar “el cumplimiento de la normativa minera aplicable” y la adopción de medidas cautelares.
Normativas europeas esenciales, como la Directiva 20/60/CE, de Protección y Gestión del Agua persiguen “una mayor protección y mejora del medio acuático” mediante la supresión de vertidos y sustancias peligrosas y un “buen estado químico” del recurso hídrico y en la misma línea, la Directiva 2004/35/CE, de Responsabilidad Medioambiental, establece un marco común de responsabilidad con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los hábitats naturales, la biodiversidad y los recursos hídricos, que también supongan un riesgo importante para la salud humana.
Por ello, cabe preguntarse una vez más cual es el concepto de 'minería sostenible' al que reiteradamente apelan tanto la actual administración autonómica como la Cámara Oficial Mineira y cual está siendo la consideración real por parte de las autoridades gallegas de la salud humana y el respeto al medio ambiente.
