La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber van a trasladar al Parlamento de Galicia y a las Cortes Generales la proposición para rebajar, de una vez por todas, el "injusto gravamen de lujo" que encarece los servicios y la alimentación veterinaria, bases fundamentales para cuidar correctamente a cualquier animal.
Las ONG recuerdan que una intervención para curar a un animal, como operar una pata o una simple consulta paga un 21% de IVA, lo mismo que quien compra un 'Ferrari'. Así señalan que las clínicas han visto descender el número de actuaciones de Salud Animal gracias a este tipo impositivo tan alto, expulsando a una parte de la ciudadanía de actos necesarios.
En este sentido denuncian que la subida del IVA veterinario hace ya varios años ha afectado a la economía doméstica de cientos de familias y que este mayor coste no se ha visto revertido, en absoluto, en políticas públicas para evitar el abandono y el maltrato animal, la única justificación posible para un incremento de los impuestos supuestamente temporal.
Para defender esta bajada, junto a la de la alimentación animal, ahora en el 10%, al tramo súper reducido (4%) FFW y LIBERA! cuentan con más de 454.000 firmas en la plataforma de cambio social Change.org reclamando una Ley Marco de Protección Animal que blinde impuestos adecuados a la materia, una norma que permitiría también acabar con las disparidades entre comunidades, donde un caso de maltrato se castiga con hasta 30.000 euros en Galicia y solo 6.000 en Castilla-La Mancha.
Las entidades han subrayado que importantes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud han trabajado sobre la estrategia llamada "One Health" (Una Salud) que viene a evidenciar que la salud de los animales y la salud de las personas está relacionada, y por tanto los poderes públicos deben implementar políticas e iniciativas tendentes a lograr la consecución de este bienestar.
Los defensores de los animales instarán a la cámara autonómica y a la Xunta a posicionarse sobre una problemática que se ha visto ignorada en los dos últimos años, a pesar de que la nueva Ley del sector incluye novedades que afectan directamente al bienestar y la salud de los seres vivos.
