Los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia cobrarán siempre por encima de la media del conjunto de las autonomías, según la oferta a la que se han adherido hoy, tras 101 naturales de huelga indefinida, los sindicatos SPJ-USO, FeSP UGT y CCOO.
Las organizaciones sindicales y la Xunta han sellado un acuerdo que entienden que responde a las reivindicaciones que originaron el conflicto durante la segunda mitad del pasado 2017, con la discrepancia de Alternativas na Xustiza-CUT, CSIF, STAJ y CIG, que mantienen la huelga indefinida convocada. Las reclamaciones estaban centradas en el "incremento retributivo de determinación autonómica" y la "ampliación de los supuestos de incapacidad laboral transitoria en los que se percibe el cien por cien de las retribuciones", según recoge el documento.
A estas dos reclamaciones se les añadía la "articulación de una compensación económica que retribuya la diferencia de sueldo del personal funcionario que realice una sustitución en un cuerpo superior", la "consolidación de plazas de refuerzo de más de tres años de duración" y la recuperación de las plazas amortizadas "en el marco del plan de modificación de los cuadros de personal aprobados en 2012".
En el aspecto económico, el que separaba el acuerdo desde mediados de marzo, los funcionarios verán un aumento salarial de 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para los cuerpos de auxilio, con un 50 % este año, un 30 % en 2019 y el 20 % restante en 2020. Este crecimiento del complemento autonómico transitorio (CAT) situará a los funcionarios gallegos en 2020 en sexta posición a los gestores y entre la cuarta y la sexta a los otros dos cuerpos, según varias tablas que manejan los sindicatos, en función de cómo actualizan las cantidades del resto de autonomías.
"Estos complementos serán revisados anualmente en el tercer trimestre de cada año, a los efecto de que la modificación pueda incluirse en la ley de presupuestos de cada año, con la finalidad de garantizar que los que los trabajadores de la Administración de Justicia de Galicia mantengan una posición por encima de la media de los ámbitos territoriales con competencia en materia de Justicia, en lo que a los complementos retributivos de determinación autonómica se refiere", añade el acuerdo. En un plazo máximo de tres meses se elaborará un plan de recuperación del trabajo pendiente con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y con la Fiscalía Superior de Galicia.
El objetivo es "agilizar el trabajo en los juzgados de tal manera que, respecto a los tiempos procesales determinados por las leyes, se acorten los plazos de tramitación de los expedientes judiciales" y, para ello, se propone "la recuperación de, al menos, el ochenta por ciento del trabajo atrasado por motivo de la huelga". El Gobierno gallego repartirá, según el documento de acuerdo, los descuentos pendientes por la huelga de manera proporcional hasta final de año.
En el capítulo de descuentos por bajas por enfermedad (IT), la propuesta incluye el documento firmado el pasado 9 marzo por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el conjunto del Estado, lo que equiparará a estos trabajadores "con el resto de cuerpos funcionariales o autoridades del ámbito judicial". No tendrán descuentos en casos de interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre por inducción farmacológica, IT durante el tratamiento de reproducción asistida o cardiopatías isquémicas. Tampoco verán menguados sus salarios si sufren enfermedades de declaración obligatoria del Real Decreto 2210/1995 por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica, donde están incluidas patologías como la gripe o la varicela, entre otras.
"En el caso de que las condiciones del resto de cuerpos funcionariales o autoridades del ámbito judicial mejoraran, las nuevas condiciones se trasladarán también al personal sujeto al ámbito de este acuerdo", continúa el documento. El planteamiento en las sustituciones verticales implica que "el personal que realice la sustitución en un cuerpo inmediato superior perciba, además de las retribuciones complementarias, la diferencia entre las retribuciones básicas de su cuerpo de pertenencia y las correspondientes al cuerpo al que está adscrito el puesto que efectivamente desempeñe". Respecto a los refuerzos, las partes se han comprometido a iniciar antes de un mes la "negociación necesaria" para "proceder a la conversión en puestos de los cuadros de personal aquellas plazas de refuerzo que cuenten con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos".
Estas 36 plazas reconocidas hasta ahora, se garantiza que serán creadas "en la localidad de origen, aunque no necesariamente en el unidad de destino actual". Las partes sitúan en 105 las plazas recogidas en el plan de amortización de 2012, de las que "no computarán las 31 de los órganos de nueva creación", aunque "la Administración se compromete a iniciar la negociación para la creación" de las demás que hayan sido eliminadas. En el caso de las ocupadas, realizará los trámites necesarios "para su modificación de cara a su conversión en plazas de nueva creación en otros órganos y servicios ya existentes o nuevos vinculados a la puesta en marcha de la nueva oficina judicial".
La oferta añade un incremento salarial mensual de entre cincuenta y cien euros al mes para los trabajadores de los juzgados que lleven casos de violencia sobre la mujer en la Comunidad. Agrega la aplicación para todos los funcionarios de las ventajas por maternidad o paternidad previstas en la Ley de Empleo Público de Galicia.
"La Xunta de Galicia se compromete, a través de una mesa específica de negociación, a estudiar la implantación, dentro del marco legislativo, de un sistema de carrera profesional para los funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia", añade. Para dar cumplimiento a los sellado se constituirá una comisión de seguimiento paritaria con representantes de Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y de Hacienda, además de un miembro designado por cada una de las organizaciones sindicales firmantes.
Esta oferta es la misma que la que rechazaron los trabajadores en las votaciones del pasado 27 de abril y que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que había negociado personalmente con SPJ-USO, FeSP UGT, CSIF y CCOO, con el matiz de que elimina la cláusula que exige el respaldo de los funcionarios para ser aplicada.
