Repasamos el estado de las medidas de regulación de empleo un mes después de la implantación del estado de alarma.00000 Con sus luces y sombras, el Gobierno ha apostado por los ERTE como el principal mecanismo para intentar paliar las consecuencias económicas tanto para trabajadores como empresas de la crisis generada por el COVID-19. Con su aprobación se pretendía minimizar el impacto económico suspendiendo los contratos de trabajo, pero ¿qué balance general podemos hacer de su aplicación en este primer mes bajo el estado de alarma?
Las cifras oficiales continúan creciendo
El pasado 15 de abril el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá anunciaba en el Congreso que según sus cifras hay “casi 4 millones de personas incursas en un ERTE”, lo que supone un 16% de la población activa. Estos registros aumentan notablemente cada semana y desde el propio Gobierno reconocen que se trabaja a un ritmo diario de 200.000 expedientes. Además profundizó en su intervención en las cifras emitidas por la Seguridad Social que sitúan en 900.000 los empleos perdidos desde la segunda mitad de marzo, justo cuando comenzó la pandemia. La Xunta de Galicia confirmó por su parte que ya son más de 200.000 los trabajadores gallegos afectados.
Balance general
Angel Andújar es socio y fundador de Laboralistas Coruña y explica que “el balance, pese a todo, debe ser positivo porque ha salvado una parte sustancial de empleos en una situación inédita de parón económico”. También añade que “se trata de una medida que permite a los trabajadores acceder a la prestación de desempleo independientemente de si tienen los días cotizados necesarios o no”.
En su argumentación no olvida a las empresas, para ellas “se trata de un alivio al no tener que mantener los puestos de empleo, lo que conlleva la exoneración de la obligación de pagar salarios por el tiempo no trabajado”. A pesar de que “se mantiene la obligación de cotizar por el trabajador como si su contrato no se hubiese suspendido o su jornada no se hubiera reducido”.
Crítica de los sindicatos
A pesar de las medidas adoptadas, CC.OO y UGT llevan varias semanas pidiendo al ministerio que ponga en marcha la nómina continúa. De hecho el secretario general de UGT Josep María Álvarez se pronunció al respecto y afirmó que “la emergencia requiere agilidad” por lo que instaba al Gobierno a “atender las demandas perentorias de la ciudadanía”.
Angel Andújar explica que con esta reclamación pretenden “que se abonen las prestaciones de desempleo a los trabajadores una vez sean reconocidas y no el día 10 de cada mes”. Este letrado entiende que su retraso causa un perjuicio en los trabajadores, asimismo admite que “muchos trabajadores en situación de ERTE todavía no han cobrado el paro correspondiente al mes de marzo”.
El ministro José Luis Escrivá defendió recientemente que con el paquete de medidas que se han ido aprobando durante la crisis del Covid-19, la nueva red de protección llegará a más de 6 millones de trabajadores. Y sí, todo apunta a que la principal novedad será la aprobación de la renta mínima temporal de 430 euros mensuales a aquellos ciudadanos sin recursos. Esta incógnita parece que quedará resuelta en los próximos días.
