jueves. 28.03.2024

El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado hoy el dictamen de la Comisión de Ordenación Territorial para reclamar por tercera vez la transferencia de la titularidad y competencia de la autopista AP-9 del Estado a la Xunta, vetada en varias ocasiones por el anterior Gobierno central. La transferencia de la Autopista del Atlántico es una petición reiterada por parte de la Cámara autonómica pero, sin embargo, es la primera vez que se reclama desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez a la Moncloa.

 

El dictamen de la proposición de ley impulsada por el BNG ha sido aceptado y será ahora remitido al Congreso pero sin haber designado todavía a los tres diputados que lo defenderán en la Cámara Baja, a raíz de una petición del Bloque que fue respaldada por el grupo de En Marea. El diputado del BNG Luís Bará reclamó el aplazamiento de la elección de las personas que van a representar al Parlamento gallego en la defensa de la ley en el Congreso, puesto que, según las normas actuales, los nacionalistas no podrían hacerlo, lo que para ellos es falto de "lógica y de justicia", ya que fue esta formación la impulsora de la iniciativa.

 

El BNG demandó este aplazamiento que, a su parecer, "no es urgente" y durante la votación de la ley esta petición fue respaldada por el portavoz de En Marea, Luís Villares, ante lo que el grupo popular no se opuso, aplazando la elección de los representantes hasta el momento en el que la Mesa del Congreso acepte a trámite la proposición de ley. En cuanto al debate de la petición en sí misma, el parlamentario del PSdeG Raúl Fernández ha manifestado la "convicción" de su grupo sobre la consecución de la transferencia en tanto que ha asegurado que "se va a producir" porque hay "una mayoría clara en Galicia para ello, pero también en el conjunto de España".

 

El traspaso de competencias "es de justicia" para los socialistas que entienden que la AP-9 es una "infraestructura decisiva" para la Comunidad y puede que con una gestión desde Galicia puede aportar un "valor añadido" para muchos sectores económicos. Asimismo, y en cuanto a una posible eliminación de los peajes en la línea de la anunciada por el Ministerio de Fomento para tramos de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, la AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz, Fernández ha esgrimido que para todas ellas está próximo su vencimiento de concesión mientras que en la AP-9 todavía restan "treinta años" después de que José María Aznar (PP) así lo acordase.

 

Por su parte, el diputado de En Marea Antón Sánchez también ha confiado en que esta vez sí se consiga la transferencia después de que el anterior Gobierno lo vetase en varias ocasiones de una "forma muy rastrera y antidemocrática" y mediante "malas artes" como avaló el Tribunal Constitucional, ha remarcado. Con todo, Sánchez ha exigido al PP que no haga del Parlamento gallego "un pequeño circo" impulsando esta ley por unanimidad desde Galicia y rechazándola en Madrid para continuar con el "robo legalizado" que supone la AP-9 para los ciudadanos.

 

De este modo, Sánchez ha reiterado que sería "más rentable" que Galicia asumiese la gestión directa de este servicio y, para ello, ha pedido a la Xunta que lleve a cabo un estudio que valore esta posibilidad. El parlamentario del BNG Luís Bará ha explicado que pese a su voto a favor, su grupo hubiese preferido que Galicia llegase al Congreso defendiendo una posición "de máximos" que incluyese también la "reducción de peajes" porque Galicia merece "el mismo trato" que otros puntos del Estado para los que "el ministro acaba de anunciar el rescate de las concesiones de otros peajes".

 

Para Bará sería necesaria la eliminación de estos peajes para poner "fin" a los años "de vasallaje" a los que se ha sometido a Galicia respecto a la empresa concesionaria, Audasa. Por su parte, el diputado del PPdeG Martín Fernández Prado ha puesto en valor la coherencia de su grupo que en Galicia "siempre" mantuvo una postura favorable al traspaso incluyendo la "máxima exigencia en la prestación del servicio, gobierne quien gobierne".

 

En todo caso, ha pedido "no mezclar" la transferencia de competencias con la eliminación de los peajes que supondría igualmente un coste para las arcas públicas y solo beneficiaría a la empresa a la que habría que compensar. Además, Fernández Prado ha criticado que el BNG vaya en contra de la unanimidad, y "vuelva a presentar" la propuesta inicial, con la que se pretende retroceder "cuatro años atrás", en vez del texto que salió en 2017 del Parlamento gallego que "facilita la tramitación" y que además busque cambiar el reparto de ponentes solo para "salir en la foto".

El Parlamento reclama la transferencia de la AP-9 pero no designa ponentes