La jueza Pilar de Lara, que se encarga de la investigación de la Operación Pokemon, ha dictado una providencia en la que reclama que se complemente el informe sobre Francisco Otero Illodo, el marido de la que fue portavoz del PP Paula Prado, para dilucidar si pudo o no cometer alguna clase de infracción punible. Esta resolución judicial, con fecha del 9 de febrero y a la que EFE ha tenido acceso, especifica que el documento que tiene que ser actualizado se refiere al que contiene una posible facturación falsa y tráfico de influencias, hechos ambos sobre los que aún se continúa indagando en relación con esta persona.
La portavoz del PPdeG, Paula Prado, siempre defendió que ella "nunca" intercedió por la actividad profesional de su marido ni por ninguna de las empresas para las que él trabajó, y no lo hizo, aseguró, ni cuando fue concejala de Familia, Bienestar Social, Mujer y Empleo en el Ayuntamiento de Compostela ni en ningún otro momento. La sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego decidió investigar a Paula Prado, tras declararse competente sobre tres de los seis hechos que constan en la exposición razonada remitida por el juzgado número uno de Lugo, al frente del cual está la magistrada Pilar de Lara.
Prado prestó declaración el 14 de noviembre de 2014 y abandonó la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia "satisfecha", tras haber contestado a todas las preguntas que se le formularon, y convencida de que no hizo nada "que no se ajustase a derecho" durante su etapa de edil en la capital gallega.
Esta diputada gallega fue portavoz del PPdeG hasta el pasado junio, momento en el que dejó este cargo por su aparición en el sumario de la Operación Pokemon, al no verse en condiciones de trasladar a la opinión pública los mensajes del partido. En la misma providencia en la que De Lara reclama estos datos sobre Otero Illodo, también llama a declarar de nuevo al funcionario del área de contratación del consistorio de Santiago Román Otero, en calidad de imputado como supuesto autor de un delito de tráfico de influencias, así como de comercializar con información privilegiada. Señala como fecha el próximo 9 de marzo a las cuatro y media de la tarde.
El gerente de la compañía Servicios y Materiales S. A. más conocida como Sermasa, Alberto Quintana, contó a De Lara cuando prestó testimonio que en el concurso para la gestión de la guardería de Salgueiriños, él mismo llevó a Román Otero, alias "Casa Comidas", los nombres de tres empresas para el procedimiento negociado, y también que el propio Otero le pidió trabajo para una persona, que accedió tuvo un empleo a través del grupo Vendex, al que pertenece la filial Sermasa.
La jueza de Lugo también solicita en este documento un informe de las declaraciones del antaño responsable económico de la Concejalía de Deportes de A Coruña, el jubilado Eduardo Aceña, incriminado en la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, y, asimismo, un informe sobre los servicios realizados por Vendex para el Ayuntamiento de A Coruña en la organización del "Trofeo Teresa Herrera" de los años 2011 y 2012. Asimismo, De Lara llama a declarar el 10 de marzo a las 16:30 horas al jefe del servicio de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de A Coruña, José María Pérez Ferrol.
La instructora solicita, asimismo, que se libre oficio a la Intervención General de la Administración del Estado para que se proceda a la designación de un perito judicial del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado que, en base a la documentación aportada por el Ayuntamiento de A Coruña y las declaraciones judiciales y la documental obrante, emita informe en relación a los gastos pagados y/o compensados efectuados por este consistorio a la empresa Sermasa.
Esta compañía fue la adjudicataria del contrato de servicios complementarios para el funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales. También se reclama al Ayuntamiento de A Coruña que facilite a los agentes de Vigilancia Aduanera un documento en el que aparezcan debidamente identificados los funcionarios encargados en cada momento de la "custodia y manejo" de las distintas empresas licitadoras participantes en tres concursos. Se trata del servicio de limpieza del centro sociocultural Ágora, el servicio de vigilancia en esta misma instalación, y otro para la contratación, de nuevo en el Ágora, de la limpieza, conserjería y mantenimiento.
De Lara refleja en esta providencia que el Grupo Vendex pagaba en negro sobresueldos a sus empleados, emitía facturas falsas e incluso asumía gastos correspondientes a distintos ayuntamientos mediante la emisión de facturas por conceptos falsos e importes superiores a los reales, o a través de la emisión de facturas a otras empresas por conceptos inexistentes.
Por ello, libra oficio a Vigilancia Aduanera para que elabore un informe sobre las "irregularidades en facturación y en pagos en B" relacionadas con este conglomerado empresarial en general, y en particular, con relación a todos y cada uno de los distintos ayuntamientos o administraciones públicas investigadas. Su aspiración pasa por conocer "los beneficios obtenidos ilícitamente por Vendex como consecuencia de las adjudicaciones obtenidas presuntamente de forma ilegal". La Operación Pokemon se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas administraciones.
