La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, aseguró que está "tranquila" a pesar de su imputación por la presunta comisión de un delito de prevaricación en una causa, todavía en fase de diligencias previas.
En ella se investiga la concesión de licencias mediante silencio administrativo por parte de las juntas de gobierno local entre los años 2006 y 2008, y la regidora está convencida de que no cometió "ninguna ilegalidad". Junto a la alcaldesa figuran también como imputados la edila de su grupo de gobierno Isabel Rodríguez y otros dos exconcejales socialistas.
"Estamos tranquilos, porque estamos convencidos de que no cometimos ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad. Lógicamente, vamos a recurrir y agotar todas las vías que sean necesarias para demostrar que no cometimos ninguna irregularidad", precisó en declaraciones a EFE. Loureiro recordó que esta causa "viene ya de atrás, a raíz de una denuncia presentada por el exalcalde del Partido Popular, el señor César Aja Mariño", que supuso la imputación del fallecido Melchor Roel, entonces regidor local de Viveiro, y del teniente de alcalde del bipartito, el nacionalista Francisco Luis Rodríguez. Para los demás concejales del gobierno bipartito de Viveiro, precisó Loureiro, la imputación había quedado "provisionalmente sobreseída" hace "un año", pero "ahora apelaron" y el Juzgado de Viveiro ha vuelto "a abrir la causa".
La alcaldesa quiso expresar su "respeto a la decisión de la jueza", pero también apuntó que no está "para nada de acuerdo con ella". De hecho, sostuvo que en su caso y en el de la edila Isabel Rodríguez, la investigación se circunscribe a una licencia concedida por silencio administrativo cuando ambas llevaban "dos o tres meses como concejalas", dado que entraron en el gobierno "en junio de 2007 y fue en septiembre" de ese año.
Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Lugo, José Manuel Balseiro, afirmó que el PSdeG debería de pedir "la dimisión de la alcaldesa de Viveiro y de los ediles socialistas a punto de ser procesados por presunta prevaricación urbanística". Afirma que en su caso "se está hablando de presuntos delitos de grave índole penal", por lo que les reclamó a los socialistas que "actúen con coherencia" y "no demanden a otros partidos lo que ellos mismos no son capaces de hacer".
