El otrora concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense denunciado por la socialista Áurea Soto por la supuesta comisión de un delito de prevaricación, Ricardo Campo Labrador, ha defendido su gestión al frente de la concejalía y ha asegurado que actuó en todo momento "con total responsabilidad" y conforme a los informes de los técnicos, que fueron "favorables". En declaraciones a los informadores al salir del edificio judicial, Campo Labrador, quien ha manifestado que "no entiende como se ha presentado esta denuncia en este sentido", ha recordado que hay un acuerdo plenario "donde se decía precisamente que no se cogiese el 10%" de aprovechamiento", y que se mantuvo "hasta que hubo nuevo planeamiento".
La responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, había pedido la imputación del ex alcalde de Ourense Manuel Cabezas, y de dos ediles, por la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico en la capital orensana, relacionados con 15 expedientes de compensación de convenios urbanísticos relativos a la cesión del 10% de aprovechamiento que debería haber recibido el Ayuntamiento. "Me limité a comprobar los informes técnicos y jurídicos de mi departamento, que eran todos, absolutamente todos, favorables de llevarlos a las correspondientes comisiones de gobierno o a plenos ordinarios y extraordinarios, y así fue", ha declarado Labrador, quien asegura que "no tiene nada que ver" con lo que se denuncia.
Según ha declarado Labrador, a lo único que se limitó "fue a la aprobación definitiva con los informes favorables de los técnicos y de los políticos", ha añadido. El exconcejal había sido citado a declarar como imputado por un posible delito de prevaricación durante su etapa entre los años 2000 y 2002 en uno de los gobiernos del PP tras ser denunciado, con otros excargos, por la socialista Áurea Soto, en septiembre de 2014. La socialista pide que "se investigue lo que ha sido el urbanismo y la manera de actuar" del gobierno del PP, en el periodo comprendido entre 1997 y 2002, al entender que Manuel Cabezas obvió la ley y eximió al sector de la construcción del pago de las cesiones urbanísticas, lo que supuso, dijo, la "pérdida cuantificada de 1,6 millones de euros" para las arcas municipales.
En declaraciones públicas, Campo Labrador ha subrayado que "como responsable político" actuó conforme a los informes técnicos que "fueron favorables", por lo que ha mostrado su sorpresa ante la denuncia de Soto, tras subrayar que todo se hizo "en beneficio de los ciudadanos". En la citación de hoy estaba incluido como testigo el exsecretario de Ourense, quien no prestó declaración al no haber podido ser localizado, según detallaron fuentes judiciales.
