El Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra han anunciado hoy una "ofensiva" para evitar la permanencia de Ence en la ría más allá de 2018. El alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, ha comparecido para anunciar las medidas "institucionales, políticas y sociales" para evitar que el Gobierne prorrogue la concesión de los terrenos antes de las elecciones generales.
Al mismo tiempo que el alcalde, la Diputación remitió a los medios un comunicado, con los mismos planteamientos que expresó el regidor, y que ambas instituciones llevarán a sus respectivos plenos: exigir al Gobierno que se deniegue la prórroga de la concesión y a la Xunta que emita informes negativos, al tiempo que anule los permisos ambientales tanto a Ence como a la clorera contigua de Elnosa.
"Valoro positivamente la posición de la presidenta", ha dicho Lores sobre el anuncio de la Diputación, que preside desde hace un mes la socialista Carmela Silva y que cambia radicalmente el sentido de su antecesor, Rafael Louzán, uno de los más encendidos defensores de la pastera. El regidor ha dicho que no descarta la convocatoria de una movilización ciudadana, además de reuniones para recabar apoyos entre otros alcaldes de la comarca.
Lores ha añadido, en ese sentido, que el futuro de los trabajadores de la compañía "es responsabilidad de la empresa" y de las administraciones competentes, pero no del ayuntamiento, recordando además que la fecha de 2018 estaba fijada desde 1988 y que al contrario que la fábrica, "la ría no se puede cambiar (de sitio)". El temor municipal es que una renovación de la concesión suponga después tener que abonar indemnizaciones a la empresa, en caso de que otro Gobierno quiera revertir tal prórroga.
El Ministerio de Medio Ambiente resolvió este verano el expediente de caducidad de la concesión de la empresa en términos muy favorables para la compañía, un trámite que despeja el camino administrativo para la renovación de la concesión, posible tras una reforma de la Ley de Costas de 2013 que aprobó el PP.
