La jueza que instruye el sumario de la operación Pokemon, Pilar de Lara, ordenó el pasado mes de diciembre abrir una pieza separada sobre la portavoz del PP gallego, Paula Prado, y preguntó al Ministerio Fiscal si procedía elevarla al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por su condición de aforada al ser diputada autonómica. Así consta en uno de los nuevos tomos de la instrucción de esta operación que han podido ser descargados hoy por las partes y a los que ha tenido acceso Efe.
La jueza basa su petición sobre Prado, que no está imputada en el caso, en informes de Vigilancia Aduanera durante la etapa de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago en los que "aprecia varias irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal". Prado compareció como testigo en este caso y su declaración sigue bajo secreto, al igual que las del exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa, el exconcejal Albino Vázquez y el empresario Leonardo Patterson.
La jueza considera, según el informe de Vigilancia Aduanera, y sin perjuicio de la investigación posterior por el órgano competente, que la portavoz del PP gallego pudo haber participado, en su etapa como concejal, en el "pago de una factura inflada" por la representación de un espectáculo para "beneficiar" a un empresario investigado en esta causa por sus relaciones con el Ayuntamiento de la capital gallega implicado en adjudicaciones irregulares.
También atribuye a Prado su presunta participación en "influencias", junto con otros dos concejales imputados, Albino Vázquez, ya fuera de la corporación, y Adrián Varela, así como con el entonces jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, "para beneficiar económicamente a su marido" en su actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos.
El auto de la jueza señala, asimismo, que la portavoz del PP gallego pudo haber participado en "influencia en la contratación de determinadas personas afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido en empresas concesionarias de obras y servicios del consistorio compostelano, en donde era además de concejal, "responsable" de la Agencia de Colocación de Empleo, "llegando a adaptar para ello los currículums a los puestos de trabajo".
"Habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de escuela infantil de Salgueiriños, que es uno de los investigados en las actuaciones", continúa el auto de la jueza, siguiendo el informe de Vigilancia Aduanera.
Tras la publicación de algunas de estas investigaciones en fechas anteriores Prado emitió un comunicado en el que señalaba que "nunca" intercedió por la actividad profesional de su marido ni de sus empresas. Prado, que es portavoz del PP gallego, desde hace más de dos meses no comparece ante los medios y hoy mismo ha anulado su presencia en un acto electoral, señalaba en ese comunicado emitido el mes pasado que en la operación Pokemon ella fue llamada a declarar en calidad de testigo y que no estaba imputada.
