viernes. 29.03.2024

El vicepresidente de la Xunta y secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, ha valorado el fallo que inhabilita a siete concejales del Ejecutivo local de Santiago y ha señalado que "esperábamos otra cosa, pero la sentencia es la que es".

 

"Somos conscientes de que se deberán tomar decisiones y lo haremos cuanto antes", ha proseguido, tras conocerse la condena a los concejales que se sentaron en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación al autorizar en junta de gobierno sufragar con cargo al erario público la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon. Después de una reunión en Vigo con el presidente de la comisión de coordinación y desarrollo del norte, Emídio Gomes, el popular ha contestado a las preguntas de los informadores que la sentencia tiene unas consecuencias "desde el punto de vista legal y político" e implica una serie de pasos que habrán de tomarse "rápidamente".

 

En este momento, procede "conocer, leer y estudiar" la sentencia, y una vez "la tengamos bien estudiada, haremos una valoración y hablaremos de los pasos que se darán. Hablaremos de ella con conocimiento sabiendo cuáles son los fundamentos en los que se apoya".

 

El portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, ha afirmado, en una rueda de prensa en Santiago, que tuvo conocimiento de la sentencia por "informaciones periodísticas" y que su opinión en referencia a este punto ya la manifestó con anterioridad a la resolución que ha trascendido.

 

Asimismo, ha reafirmado su "respeto a la Justicia" y al funcionamiento del sistema judicial, que al final, ha dicho, "se impone sobre cualquier otro tipo de valoración que se pueda realizar al respecto", al margen de que se tomen las decisiones políticas oportunas en el seno del partido, que es "donde se deben adoptar". El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con fondos públicos la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.

 

La decisión de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se costease con otros medios que no fuesen los suyos propios. Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya, y todos ellos, a lo largo del proceso, han insistido en defender su inocencia.

El PP, sobre Santiago: "Esperábamos otra cosa pero la sentencia es la que es"