Seis sospechosos de integrar una red que pretendía introducir cocaína a través del puerto de Marín han reconocido hoy sus intenciones ante la Audiencia de Pontevedra a cambio de una reducción, casi a la mitad, de las penas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. En la vista oral del juicio celebrado en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión que oscilaban de 6 años y 3 meses a 9 años y 9 meses, tras un acuerdo con las partes, frente a peticiones iniciales de reclusión de 10 años y medio y hasta 18 años de cárcel.
Ese compromiso podría culminar mañana en una vista oral reducida en la que prevén testificar tres agentes de la Guardia Civil y uno de Vigilancia Aduanera. En la calificación definitiva, la Fiscalía mantiene la acusación de los delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y en cantidad notoria y de pertenencia a grupo criminal, que no organización, como pedía inicialmente, del que excluye a tres de los procesados por considerar que tenían un papel secundario en la presunta trama.
Además, mantiene la imputación del delito de falsedad documental para el señalado como líder del grupo, identificado como Antonio M.B.I., a quien aplica la circunstancia agravante de reincidencia, como a otros dos acusados, Álvaro C.S., y para Alejandro M.V. Según el escrito de acusación, los procesados contaban con medios técnicos y dispositivos electrónicos específicos y avanzados para poder introducir cocaína procedente de Colombia a través del puerto de Marín. El supuesto cabecilla, A.M.B.I., tenía contactos en países de sudamérica con organizaciones que proveían al grupo de cocaína; negociaba las cantidades de droga y su precio, así como la forma de envío a España, y daba órdenes al resto de los integrantes.
En un segundo escalafón figuran otros procesados, tanto aquellos que también tomaban decisiones como los encargados de labores de seguridad y control, o de transportar la droga desde el puerto hasta un lugar reservado donde la organización tenía previsto ocultarla para su posterior distribución. También se cuentan entre los acusados los intermediarios de la cúpula del clan que daban instrucciones a terceras personas, no identificadas, sobre el contenedor y el lugar exacto en el que viajaba la droga entre mercancía lícita para que la retiraran.
La operación comenzó en mayo de 2014, cuando el supuesto líder y su mano derecha se desplazaron a las inmediaciones del puerto de Marín para gestionar la recogida de una partida de cocaína en un contenedor que, sin embargo, había sido descubierta y aprehendida en Panamá. A raíz de este envío frustrado, los procesados iniciaron gestiones y preparativos para otra operativa similar de los que las fuerzas policiales hicieron un seguimiento que les permitió anticiparse y requisar 54 paquetes de cocaína, de un kilo cada uno, transportados en un palé de frutas.
