viernes. 29.03.2024

Una mujer se enfrenta a seis años de cárcel por haber estafado supuestamente a un cliente del prostíbulo en el que trabajaba y haber contraído matrimonio con él de forma ilegal, por “falta de válido consentimiento”, según el escrito de acusación del ministerio fiscal. La mujer se sentará este miércoles, día 13 de noviembre, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo, y el fiscal pide para ella un año de cárcel por el delito de matrimonio ilegal y otros cinco años de reclusión por el de estafa.

 

La Fiscalía asegura que el hombre, que padece esquizofrenia paranoide, tiene una “inteligencia en el límite bajo de lo normal y un aplanamiento afectivo”, circunstancias que lo hacían “manipulable” y limitaban “de forma grave su capacidad para prestar consentimiento matrimonial”.

 

La acusada, que lo conoció en el prostíbulo en el que trabajaba, quiso aprovecharse de esas circunstancias para “conseguir la legalización de su estancia en España” y apoderarse de los ingresos de la víctima, para lo que decidió “contraer matrimonio” con él, en una ceremonia oficiada en 2007 en Lugo. Ambos nunca llegaron a convivir, precisa el ministerio público, y aunque la víctima acudía una vez por semana al establecimiento donde ella ejercía la prostitución, el hombre “tenía que pagar” como un “cliente” más las relaciones sexuales que mantenía con ella.

 

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Becerreá declaró la nulidad judicial del matrimonio por “falta de válido consentimiento”, dado que la víctima “se encontraba emocionalmente en absoluta dependencia” de la mujer y esta había “simulado el consentimiento en su propio beneficio”.

 

La acusada logró compartir la cuenta bancaria con su marido y después de solicitar dos créditos por importe de 25.000 euros, se quedó con el dinero y “en gran parte” fue enviado a Brasil. El perjudicado cifra en unos “30.000 euros” el dinero que llegó a estafarle, dado que también le entregó otras cantidades que percibía por los ingresos de la ganadería familiar, las subvenciones de la Xunta de Galicia y su propia pensión de invalidez.

Se enfrenta a seis años de cárcel por una boda ilegal