martes. 16.04.2024

Gerardo Gayoso, el abogado de Andrea Montes, la esposa del hombre fallecido ayer por un disparo de la Guardia Civil en Ponteareas (Pontevedra), ha dicho hoy que el instituto armado tiene "interés" en que el suceso se trate como un caso de violencia machista. Una pareja de la Guardia Civil acudió ayer a una llamada en una casa de esta localidad pontevedresa por presunta violencia machista y Javier Fernández, el presunto agresor, un conocido músico vigués, acabó muerto por un disparo hecho por uno de los agentes.

 

El abogado ha asegurado que tanto él como su defendida están "huérfanos de información", ya que hasta el momento el atestado de la Guardia Civil no ha llegado al juzgado número 2 de Ponteareas, encargado de la investigaciones, según ha dicho en declaraciones a los periodistas en el exterior de la casa. Ha revelado que su clienta, a la que acompañó a declarar ante la Guardia Civil, rehusó hacerlo por no tener acceso al atestado y por "la insistencia en que presentase una denuncia" contra su difunto marido por violencia machista.

 

Según ha indicado, la mujer transmitió a los agentes que no iba a interponer ninguna denuncia contra su difunto marido "porque no había caso de violencia de género" si bien mostró su colaboración para esclarecer los hechos.

 

"A título personal, me pareció que la Guardia Civil tenía interés en que fuese un caso de violencia de género", ha afirmado el abogado. Tampoco ha declarado ante los agentes del instituto armado un amigo del fallecido, testigo de los hechos, ya que según el abogado, los agentes "se negaron" a que él estuviera presente.

 

Gayoso ha señalado que se siente sorprendido por que "la Guardia Civil esté retrasando el atestado cuando ha habido una muerte violenta", lo que provoca que su cliente tenga falta de información. Además, ha criticado que 24 horas después del suceso "nadie se haya puesto en contacto (con su cliente) para explicar qué ha pasado".

 

El abogado ha asegurado que tanto Andrea como el amigo del ahora fallecido informaron a los agentes a su llegada de que Javier Fernández estaba "a tratamiento psiquiátrico". Gayoso ha dicho que la familia no culpa a nadie, sino que quiere saber qué pasó y después "sobre la marcha, se tomarán las medidas necesarias contra quien sea.

 

A priori no culpamos a nadie". "Lo que está claro es que ha habido un hecho con un resultado de muerte por disparo de un guardia civil en acto de servicio y evidentemente queremos que alguien nos explique lo que pasó", ha insistido. "Queremos saber si ha habido una negligencia en la actuación policial o si ésta ha sido desproporcionada -ha continuado- porque sólo tenemos la información de los testigos presenciales".

 

En cualquier caso, ha dicho que bajo su punto de vista "hubo actuación desproporcionada" porque la función de la Guardia Civil tendría que ser proteger a las posibles víctimas si corrían riesgo sus vidas, "pero estaban fuera de casa, la mujer y el bebé". Fuentes de la Guardia Civil han informado hoy a Efe de que el instituto armado ha abierto una información reservada sobre el agente que disparó, y que este procedimiento se inicia siempre que ocurre un caso de estas características, sean cual sean las circunstancias e independientemente de las actuaciones judiciales que se lleven a cabo.

 

Según fuentes de la investigación, una patrulla de la Guardia Civil acudió ayer al domicilio de Javier Fernández, alertada por una llamada de violencia machista y se encontró en el camino a una mujer que decía que su marido la había agredido, que estaba muy nervioso y que tenía a su bebé.

 

El abogado de la familia también ha señalado que la familia está intentando ponerse en contacto con el psiquiatra que trataba al fallecido, y que le retiró la medicación, según la familia. Gayoso ha dicho que "si hay negligencia" en la retirada de la medicación "pedirán responsabilidades". El abogado ha asegurado que desconoce cuándo serán llamados a declarar ante juez y ha insistido en su extrañeza de que el atestado aún no esté a disposición de la autoridad judicial.

El abogado ve interés de la Guardia Civil en tratar el caso como violencia machista