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El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario
Popular, Jaime Castiñeira, abogó por superar algunas
"carencias" de la futura Ley del Paisaje y, en consecuencia,
exigió que sea dotada de una memoria económica y que
habilite ayudas directas a los propietarios de paisajes
protegidos. "Cualquier protección supone una expropiación
encubierta y, por tanto, debe ser pagada", exigió y,
por eso, reivindicó la necesidad de arbitrar subvenciones
para la conservación de los predios y de las construcciones
tradicionales sometidas al régimen de máxima protección.
Con el objetivo de corregir estas y otras "carencias"
de este proyecto legislativo, el PPdeG formuló un total
de 41 enmiendas con el objetivo de tener en cuenta "la
realidad de la gente" que vive en las zonas objeto de
protección.En opinión de Castiñeira, la futura norma
afectará de forma especial a los propietarios de comarcas
como la Ribeira Sacra. "Los somete a una normativa rígida
que va a provocar costes adicionales sin obtener contraprestación
alguna de la Administración", razonó.
Como paradigma de esta situación, explicó que la comarca
de la Ribeira Sacra, que va a ser objeto de la máxima
protección, "no establece el soporte económico necesario"
para financiar las obligaciones a las que tienen que
someterse los propietarios, "en muchos casos de edad
avanzada y de escasa capacidad económica", según apostilló.
También el diputado Dámaso López enfatizó que la riqueza
paisajística es "un valor diferenciador" de la comarca.
"Por algo aspiramos a que sea declarada Patrimonio de
la Humanidad", añadió. En esta línea, defendió "poner
en valor" el paisaje pero instó a la Xunta a "no olvidar"
que el paisaje "está habitado por personas que necesitan
recursos económicos para hacer viable esa protección
que nadie discute". Así lo manifestaron ambos diputados
en un acto en Monforte de Lemos (Lugo) en el que también
participó la diputada autonómica Susana López Abella
y Dámaso López, así como alcaldes y portavoces populares
de la comarca.
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