noticiasgalicia.- El Valedor do Pobo entregó a la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino, el informe ordinario del año 2007, en el que las cuestiones relacionadas con obras públicas y las expropiaciones fueron las que mayor número de quejas generaron ante la institución, ya que acapararon el 14 por ciento del total de 2.280 reclamaciones.   

En rueda de prensa para presentar el documento, el valedor do pobo, Benigno López, explicó que en materia de expropiaciones "se corrigieron disfunciones observadas en otros informes", aunque advirtió de la "insuficiente respuesta" de la Consellería de Política Territorial con respecto a la fijación del tiempo justo para cobrar las expropiaciones.   

Asimismo, el responsable de la institución también llamó la atención sobre atrasos en calificaciones urbanísticas y las bajas valoraciones económicas que se observan en algunas situaciones, además de mostrar su preocupación por "casos de expropiaciones de viviendas habituales".   

En total, en este ámbito se registraron 319 del total de 2.280 quejas tramitadas el pasado año por el Valedor do Pobo, en donde también superaron las 250 las reclamaciones relacionadas con la administración económica, comunicación y nuevas tecnologías (293) y las de medio ambiente (278).

JUSTICIA Y SANIDAD   
Otras de las áreas donde también hubo un elevado número de quejas fueron urbanismo y vivienda, empleo público e interior, sanidad y justicia. En este último caso, el 95 por ciento de los problemas planteados se refiere a retrasos en el proceso, ante lo cual el valedor apostó por mejorar la planta judicial y consideró necesario un esfuerzo inversor en el ámbito de lo Social y lo Contencioso.   

En cuanto a la sanidad, 61 de las 173 quejas tramitadas el pasado año se referían a las listas de espera, sobre las que Benigno López consideró que la reducción lograda a lo largo de 2007 "apenas resulta apreciable", por lo que pidió una mayor dotación de medios y materiales.   

Entre las más de 2.000 quejas tramitadas en 2007, medio millar más que en 2006, también hubo protestas relacionadas con la modificación de la Ley de Función Pública, la tramitación del DNI electrónico, cuestiones lingüísticas, de educación y sobre las las listas de espera en el programa de vivienda en alquiler.