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noticiasgalicia.-
El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo
paquete de medidas destinadas a combatir el déficit público
acumulado en el Estado, las autonomías y los ayuntamientos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
ha anunciado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
prepara un plan general de control del fraude para 2012
con el que espera elevar la recaudación a 8.161 millones
de euros. Ese proyecto incluye la comprobación en la fase
recaudatoria y más colaboración con las autonomías.
En el ámbito de la economía sumergida, el Gobierno se plantea
la intensificación de pruebas en sectores sometidos a este
tipo de economía con un aumento de la inspección de trabajo
y de Seguridad Social y de otros mecanismos de control,
como el consumo de energía eléctrica o del control de tarjetas
de crédito.
Hacienda estudia , además, la implantación de medidas para
limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones.
La vicepresidenta no ha concretado cifras aunque sí ha dicho
que el Gobierno se inspira en medidas similares que ya se
aplican en Francia y Alemania.
La número dos del Gobierno también ha revelado que la previsión
de déficit de la Seguridad Social alcanza 668 millones (0,06%
del PIB), más de lo previsto.
Montoro escribirá al gobernador del Banco de España para
preguntarle que le informe si las retribuciones de altos
cargos de bancos y cajas intervenidas son adecuadas y si
están justificadas. Luego, el Gobierno tratará de que no
se les premie.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha elevado un informe
sobre la situación del empleo y la Seguridad Social a tenor
de los datos del cierre del año 2011. La situación de la
tesorería de la Seguridad Social es ³preocupante², ha asegurado
la vicepresidenta en la rueda de prensa.
La previsión del déficit de la Seguridad Social es de 668
millones de euros, es decir del 0,06% del PIB, lo que es
una desviación negativa de medio punto, ha explicado Santamaría.
El principal informe debatido por el equipo de gobierno
de Mariano Rajoy lo ha puesto sobre la mesa el titular de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
con un proyecto para adelgazar la administración en el tercer
escalón, tras suprimir ministerios y 30 direcciones generales.
Ahora le ha tocado el turno a la reestructuración del sector
público.
El informe que se ha estudiado y que se llevará al próximo
Consejo de Política Fiscal y Financiera en enero aborda
como un compromiso el objetivo que ya se planteó en el mismo
escenario en una reunión en 2010: de los más de 4.000 organismos,
entes y consorcios que se encuadran en el entramado público,
se propuso reducirlas en 515. "Sólo se han suprimido el
13%", ha dicho hoy Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de
prensa tras el Consejo, por lo que el Ejecutivo se fija
el objetivo de reducir las 448 empresas restantes.
La portavoz no ha eludido incidir en la contrariedad del
Ejecutivo al cerrarse el ejercicio fiscal de 2011 y verificar
que la Seguridad Social ha concluido el año con un déficit
del 0,06% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 668 millones
de euros. "La realidad es más dura de lo que pensábamos
y también lo serán las medidas", ha repetido la "número
dos" del equipo popular en Moncloa, como también abundó
el pasado viernes cuando cuatro ministros económicos informaron
de que se subía "temporalmente" el IRPF y el IBI de los
españoles
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