Los padres
y hermana del arousano asesinado en un ajuste de cuentas acusados
de blanqueo rechazan declarar en el juicio
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noticiasgalicia.-
La primera sesión del juicio por blanqueo de dinero procedente
del narcotráfico, iniciado en la Audiencia Provincial de Pontevedra,
concluyó antes de lo previsto debido a la negativa de los principales
imputados, los padres y la hermana de un arousano asesinado
en un ajuste de cuentas, a prestar declaración. El matrimonio
arousano formado por Manuel G.I. y María del Carmen S.F., así
como su hija Mercedes G.S., se acogieron a su derecho a no declarar
y se limitaron a manifestar que ya dijeron lo que tenían que
decir durante la instrucción del caso.
Se trata de los padres y la hermana del joven Víctor Manuel
González Silva, quien en el año 2000 estuvo procesado por narcotráfico,
aunque no llegó a ser juzgado, ya que en mayo de 2005 fue asesinado
en un ajuste de cuentas por una deuda relacionada con dos kilos
de cocaína.
El fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, atribuye a
los padres y hermana diversas operaciones financieras y compra-venta
de inmuebles y coches de lujo, con la finalidad de "blanquear"
el dinero que el joven fallecido consiguió con el tráfico de
estupefacientes.
Según Santaló, los acusados "tenían pleno conocimiento de la
procedencia ilícita del dinero", aunque ellos, tras ser detenidos,
manifestaron que esas inversiones las realizaron con premios
de lotería. Para cada uno pide la pena de cinco años de prisión
y multa de un millón de euros.
COLABORADORES
También están procesados en esta causa José Manuel G.B. y Mónica
S.P., acusados de colaborar con Víctor Manuel González Silva
para que éste no apareciera como titular de los varios pisos
y garajes que compró, acusación que ambos negaron.
El primero, promotor inmobiliario, dijo que no vio "nada raro"
en que Víctor Manuel González Silva comprase plazas de garaje,
que puso a nombre de su amiga Mónica. Y ésta declaró que, aunque
inicialmente se prestó para figurar como titular sin imaginar
que había nada malo en ello, finalmente aconsejada por su madre
se echó atrás, pero esta operación se realizó igualmente sin
su consentimiento. Para ellos dos, el fiscal pide sendas penas
de un año de prisión y multa de 200.000 euros. El juicio continuará
mañana con el interrogatorio de los testigos.
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