La titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña ha confirmado la sanción al concejal del BNG en A Coruña Xosé Manuel Carril, que se opuso al desahucio de una octogenaria, por lo que las costas del proceso pueden superar el importe de la multa.
A finales de febrero de 2014 fueron muchas las personas que se concentraron ante el domicilio de Aurelia Rey, junto a la coruñesa plaza de Lugo, para solidarizarse con esta anciana cuyo desahucio forzoso estaba previsto para entonces.
La subdelegación del Gobierno en A Coruña remitió más tarde una serie de sanciones administrativas de seiscientos euros por la "provocación de reacciones en el público que alteran o puedan alterar la seguridad ciudadana". Uno de los sancionados fue Carril, que la recurrió y afirmó que el atestado de la Policía Nacional sobre su actuación ese día no se corresponde con la realidad y, por tanto, opina que no debe ser multado.
La jueza, en una sentencia del pasado 15 de enero, da la razón a la Policía y confirma la citada sanción administrativa, por lo que condena al portavoz del BNG en A Coruña a pagar unas costas que no deben ser superiores a setecientos euros.
Desde el BNG afirman, a través de un comunicado, que no solo "da por válidas acusaciones inciertas", sino que también vulnera los principios de la "tutela judicial efectiva".
"Lo normal sería que las costas fuesen de menor cuantía que la sanción", detallan, y añaden que si Carril no recurre tendrá que abonar 1.300 euros "por participar en las movilizaciones que trataban de impedir el desahucio de Aurelia en febrero".
