El fiscal del caso Prestige, Álvaro García Ortiz, ha confesado hoy que tiene "poca esperanza" en el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña que absolvió al capitán del petrolero, el griego Apostolos Mangouras, de delitos contra el medioambiente.
Tras el accidente del petrolero en noviembre de 2002 y nueve meses de proceso judicial en A Coruña, García Ortiz había reclamado en la vista oral la condena del capitán del buque como única alternativa para conseguir que la operadora y la aseguradora del Prestige, Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente, afrontaran la póliza de 1.000 millones de dólares que tenían suscrita.
La Fiscalía reclamaba en concepto de responsabilidad civil un total de 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la 'marea negra' que produjo el hundimiento del buque frente a las costas gallegas, y que llegó a Francia, pero esta mañana ha reconocido que no alberga muchas esperanzas en que el Supremo le dé la razón.
Según el fiscal, determinar las cantidades a las que habría que hacer frente tiene "una complicación jurídica enorme y práctica, también". García Ortiz ha desvelado hoy en un curso de verano todas las complejidades del caso que arrancó en 2002 con el accidente del petrolero y en el que algunos de los peritos que intervinieron en el mismo "todavía no cobraron" sus minutas. El Pazo de Mariñán, en el municipio coruñés de Bergondo, acoge desde ayer y hasta mañana la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal Galicia 2015 bajo el título "La delincuencia compleja
. Aspectos sustantivos y procesales de las últimas reformas. La experiencia gallega". Este fiscal de la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y delegado en Galicia de Medio Ambiente ha protagonizado la mesa "Las catástrofes ecológicas. Problemas prácticos" y, ante medio centenar de compañeros, ha comentado la complejidad "enorme" del caso y que la situación va más allá del "hecho medioambiental" porque marcó "un antes y después sociológicamente en Galicia". Con 160 tomos en la causa principal, ha detallado, se convirtió en un proceso "muy difícil de manejar en el que hubo 2.128 partes" y en nueve meses de proceso oral se generaron 35 tomos más de pruebas.
En este sentido, García Ortiz ha observado un "problema de gestión enorme" en el papel de la Administración y ha dicho que hubo "mentiras" y situaciones no deseables, pero ha añadido que "desde el punto de vista penal no tiene reproche". Mientras la Fiscalía española trabajaba en el pequeño juzgado de Corcubión (A Coruña) por este hundimiento del 19 de noviembre de 2002, en Francia arrancó también una instrucción con muchas diferencias, pues en el país galo existe una legislación distinta y allí se contempla la "responsabilidad de las personas jurídicas". Eso hacía que en España, si fallecía Mangouras, no había mucho más que hacer, frente a países como Francia donde "se mima a las víctimas, se les escucha y se les da audiencia", además de que se pueden sentir afectadas "personas jurídicas, como las asociaciones".
Tampoco existía en el territorio español la "reparación del daño ambiental" que se buscaba en este caso y la Fiscalía pretendió entonces que se juzgase "como un accidente" y cobrar, sin éxito, el "límite de la póliza de seguros, que era de mil millones de dólares", ha indicado García Ortiz. Durante el juicio oral hubo más problemas por las diferentes estrategias, entre los que el fiscal ha destacado la querella del armador contra tres funcionarios españoles que extrajeron del barco la documentación antes del naufragio, y también un papel en que el propio Mangouras escribía que la corrosión era destacable.
