martes 27/7/21

La Jueza que sigue la querella de los Franco contra Patrimonio avanza en pesquisas

La jueza que investiga una querella de la familia Franco contra la responsable de Patrimonio Nacional que hizo un informe sobre los bienes del Pazo de Meirás ha tomado las primeras declaraciones esta semana, y la presidenta de la entidad ha reconocido que ese informe se hizo porque lo pidió el día anterior la abogada general del Estado.

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La jueza que investiga una querella de la familia Franco contra la responsable de Patrimonio Nacional que hizo un informe sobre los bienes del Pazo de Meirás ha tomado las primeras declaraciones esta semana, y la presidenta de la entidad ha reconocido que ese informe se hizo porque lo pidió el día anterior la abogada general del Estado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, admitió a trámite la querella interpuesta por siete nietos de Francisco Franco contra la jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por la elaboración del citado informe en noviembre de 2020.

Consideran los querellantes que ese documento se hizo fuera del procedimiento judicial y para el perjuicio de la familia Franco, y que se filtró a la prensa "consciente de la alteración de la realidad en su contenido" y con "unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable".

Y relatan que la autora del informe que otorga la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo de Meirás al Estado estuvo allí como auxilio a los técnicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Xunta que iban a hacer un simple inventario.

Por eso la familia Franco interpuso la querella por los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa, que fue admitida por el juzgado.

Tras imputar a Pilar Benito, la magistrada solicitó una serie de diligencias y citó como primeros testigos para el pasado martes a la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, y a la directora de las Colecciones Reales de la entidad, Leticia Ruiz Gómez.

Sin embargo Ruiz explicó a la jueza que ella no ostentó ese cargo hasta un mes después de la elaboración de ese informe, por lo que su citación es un error, según explicó a Efe al salir del juzgado.

Por su parte Llanos Castellanos afirmó que el informe firmado por Benito se elaboró porque la llamó el día anterior la abogada general del Estado, Consuelo Castro, "para pedir que hiciera un dictamen, un informe de titularidad", han precisado a Efe fuentes jurídicas.

Castellanos se lo comunicó a Pilar Navascués, entonces responsable del Museo de Colecciones Reales, quien le dijo que se encargaría Pilar Benito. Luego recibió un primer borrador del informe pero no del texto definitivo.

La presidenta de Patrimonio ha precisado que no se recibió ningún oficio judicial para la realización del citado informe, según las fuentes.

Precisamente el pasado jueves, 1 de julio, los jardines de Meirás abrieron al público por primera vez desde que el inmueble pasó a ser propiedad del Estado, con una visita guiada en la que víctimas del franquismo y miembros de asociaciones memorialistas escucharon emocionados la historia de la residencia señorial.

Pocos días antes, a finales de mayo, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña suspendió las actuaciones relativas al pazo de Meirás hasta resolver si el mobiliario forma parte del inmueble y de las fincas incluidas en el recinto que la familia Franco debe devolver al Estado, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Según decretó el juzgado de primera instancia en una sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de A Coruña y contra la que cabe presentar recurso, el pazo es propiedad del Estado, pero "no se condena a los demandados a entregar los muebles existentes en las distintas dependencias al Estado". 

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