Trece personas han sido detenidas por la Policía Nacional tras destapar en A Coruña un fraude de casi tres millones de euros a la Seguridad Social en sectores como la hostelería, la construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, alimentación, bebidas y tabaco.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, por lo que incrementaban de esta forma el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, informa este jueves el Ministerio del Interior.
Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020 con varias denuncias de Tesorería para que la policía investigara diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela y Cambados.
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, los agentes comprobaron que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda mediante la creación de grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 15 personas, sobre todo administradores de las empresas, testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, que han sido imputados por delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución, estafa procesal y contra el derecho de los trabajadores.
El entramado desarrollaba su actividad en cafeterías con venta de productos alimenticios, dirigido y gestionado por un padre y sus dos hijas desde el año 2006, si bien el progenitor se jubiló en 2016 pero nunca se desvinculó de las empresas y ejercía como jefe de todas ellas; desde mayo de 2020 era administrador y socio único y sus hijas cesaron como socias fundadoras y administradoras mancomunadas.
En aquel año, en 2006, se constituyó la primera empresa que generó beneficios, aunque no lo suficiente como para afrontar las deudas. De ahí que crearan nuevas empresas con la misma actividad para generar "confusión" respecto a la aparente persona jurídica de derecho que ejercía la actividad en cada momento, con los mismos trabajadores, proveedores, domicilio y autorizado.
Así, esta nueva empresa dejó de ser titular de las obligaciones adquiridas por la empresa anterior y se impidió, a su vez, que se perfeccionasen los actos ejecutivos dirigidos al cobro de la deuda, eludiendo la responsabilidad de obligaciones anteriores.
Estas empresas no regularizaron su situación deudora con la Tesorería General de la Seguridad Social ni realizaron trámite alguno de disolución o concurso de acreedores, por lo que continuaron generando deuda a pesar de que tenían un elevado volumen de movimiento de capital en sus cuentas bancarias.
Este entramado supuso un perjuicio total a la Tesorería General de la Seguridad Social de 850.449 euros.
En esta operación se detectó además otro entramado empresarial con ingresos cercanos al millón de euros que se dedicaba a la construcción de edificios, residenciales y promoción inmobiliaria, dirigido por un matrimonio que, pese a ser declarado por el juzgado en concurso voluntario de acreedores en una de las empresas y con el marido condenado con inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a personas físicas y jurídicas durante cinco años, hizo caso omiso a dicha sentencia.
El varón dirigió varias mercantiles e incluso constituyó otras nuevas con la colaboración de su esposa, y pese a ganar dinero no pagaron las cuotas a la Seguridad Social ni solicitaron su aplazamiento, tampoco realizaron ningún trámite para reducirlas y obstaculizaron la labor de la Tesorería hasta causar un perjuicio de 300.012 euros.