Un hombre acusado por un delito de estafa a un matrimonio con cierto grado de discapacidad intelectual de Carballo (A Coruña) ha negado, este miércoles en la vista oral del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, los hechos que se le imputan y haber actuado con ningún tipo de intención oculta.
Los supuestos hechos delictivos tuvieron lugar en abril de 2008, cuando el encausado habría hecho firmar ante notario a las víctimas una escritura pública en virtud de la cual estos le cedían sus propiedades a cambio de que él los cuidase y se encargase de los gastos y mantenimiento de tres inmuebles, una finca y una vivienda situada en Carballo.
El encausado ha declarado que el contrato vitalicio se hizo para que, en caso de que a él le pasase algo, el matrimonio no se quedase "sin cuidados" ya que la relación con su única hija era bastante mala y que incluso "los maltrataba" y se desentendía de ellos. En cuanto a si su propósito era aprovecharse de los que, por otro lado, eran sus arrendadores, el procesado ha explicado que no llevó a cabo ninguna acción sin consultarla con los demandantes y que los consideraba "amigos", por lo que tampoco guardó todas las facturas de los arreglos que realizó en la vivienda con el propio dinero de los ancianos.
Dos peritos han confirmado que la capacidad intelectual de los demandantes tiene limitaciones y que pueden ser difícilmente manipulables, en concreto una psicóloga clínica ha afirmado que los resultados de los test realizados podrían corresponder a "un niño de entre 10 y 11 años" y que, a su modo de ver, pueden ser fácilmente influenciables.
La hija del matrimonio ha acusado al investigado de hablarle mal a sus padres de ella y ha reconocido que su madre se hacía cargo de uno de sus hijos y lo llevaba al colegio cuando ella trabajaba, pese a que ninguno de sus progenitores ha sido capaz ni siquiera de contestar a las preguntas de la defensa sobre los motivos por los que se estaba celebrando la vista oral del juicio.
Las dos víctimas han prestado declaración aunque con visible falta de entendimiento sobre lo que se les estaba preguntando y en ocasiones respondiendo con argumentos que poco tenían que ver con las cuestiones hechas por acusación y defensa, siendo el fiscal el más esclarecedor a la hora de formular preguntas.
Tanto el acusado como la hija de los demandantes han atribuido la culpa de la situación actual a querer manipular al matrimonio -la joven a acusado al arrendatario de sus padres de querer quedarse con sus propiedades y el investigado a ésta de hacerse cargo de ellos solo después de enterarse del contrato vitalicio firmado-.
La acusación particular pide para el encausado una pena de 6 años de prisión y 20 meses de multa, así como hacerse cargo de las costas del proceso judicial. Y está previsto que la vista oral continúe el próximo 9 de marzo a las 10.00 horas. Por su parte, el Ministerio Fiscal ha presentado un escrito de acusación absolutorio para el investigado por considerar que los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno.
