La comisión de Economía del Parlamento de Galicia ha aprobado hoy, solo con los votos del PPdeG, el texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos para 2015, tras el rechazo de todas las más de 130 enmiendas de los grupos de la oposición.
Tan solo hubo un acuerdo entre PPdeG y PSdeG sobre una de las seis enmiendas del grupo mayoritario, para matizar que la modificación del V Convenio del personal laboral de la Xunta que reduce el descanso de los trabajadores del dispositivo de lucha contra incendios se refiere solo a los períodos de bajo riesgo y se mantiene lo estipulado en los meses de mayor incidencia, que en 2014 fueron de julio a septiembre.
Todos los grupos de la oposición expresaron su apoyo a las enmiendas que presentaron cada uno de ellos, por estar inspirados en la misma filosofía, según explicaron, mientras que el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, defendió el voto contrario a todas ellas, porque alteran el compromiso del Gobierno de luchar contra el déficit público. Puy, en la explicación de sus enmiendas, señaló que se refieren, entre otros aspectos, a la citada equiparación de los integrantes del dispositivo de lucha contra los incendios al personal laboral de la Xunta y a la recuperación por los funcionarios de pagas extras retiradas en su día, así como también en las Universidades y en los módulos de educación concertada.
En líneas generales, sobre las enmiendas de la oposición, explicó que su rechazo general se basa en el compromiso con la lucha contra el déficit, que permite recuperar la estabilidad del área euro, de la economía española y acceder a una financiación menos costosa. Subrayó que su oposición a incrementar la deuda es mayor cuando el aumento se destina a gastos corrientes. En cuanto a las modificaciones pretendidas por la oposición para la recuperación por los empleados públicos de las cantidades detraídas por la crisis, señaló que la Xunta "está aprobando" un fondo con este objetivo.
Agregó que ese compromiso se vincula también a la mejora en la financiación, que cifró en unos 60 millones, procedentes de la mejora de la financiación de la deuda, de la propia financiación autonómica y de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como la ampliación a 20 años de la devolución de las liquidaciones negativas de ejercicios bajo Gobierno central socialista. Sobre las reducciones salariales de los empleados públicos, el portavoz del PPdeG resaltó que otras Comunidades lo habían hecho en menor medida, pero también procedieron a una muy superior en el número del personal, de hasta el doble y el triple que en Galicia. Para responder a las enmiendas fiscales de la oposición, subrayó que el PP procedió a un aumento de tipos de carácter progresivo, recuperó el impuesto del patrimonio, se mantiene el de sucesiones y tiene unos tipos sobre patrimonio equivalentes a los de Andalucía, de los más altos de España.
El socialista Juan Carlos Iglesias Santín defendió 46 enmiendas al texto que llegó de la ponencia, para demandar, entre otras cuestiones, que el Parlamento reciba trimestralmente información de las participaciones de la Xunta en sociedades o que la tramitación de la Risga no supere los dos meses desde la solicitud y, de superarse, se paguen a los beneficiarios los mismos intereses que Hacienda cobra a los contribuyentes. Como los otros grupos de la oposición, defendió que la tasa de reposición en el empleo público de los servicios esenciales, como Sanidad o Educación, sea del 100 por cien y no del 50. También propugnó una mayos transparencia para los cargos públicos, para equipararlos al presidente y conselleiros y rebajar las retribuciones del Valedor y vicevaledores, de 93.000 y 73.000 euros, respectivamente, para equipararlos al presidente y vicepresidente de la Xunta, 66.000 y 58.000 euros.
Otras enmiendas socialistas se refirieron a los gastos de personal de gabinete, para que se publique su retribución en su totalidad y por Consellerías, así como sus funciones. También coincidió con el resto de los grupos de la oposición en enmiendas sobre la colaboración pública-privada, que rechazó para los centros sanitarios y educativos, a un máximo de 25 años y sin superar el importe del 1,7 % del presupuesto consolidado anual.
Así, como no aumentar las unidades concertadas en los centros educativos. Yolanda Díaz, de AGE, inició su intervención lamentando que se trata de un "debate estéril", no por no ser importante para la ciudadanía, sino porque "el grupo mayoritario no escucha ni las reflexiones de la oposición".
Rechazó que no hubiese alternativa a las políticas de la Xunta y enmarcó sus enmiendas en la demanda de transparencia; la introducción de nuevos impuestos y una "nueva visión" sobre ellos; la defensa del personal público y otras que se refieren a "órganos relevantes", como el Consello de Contas. Para Díaz, los presupuestos planteados por el Gobierno no se corresponden con las manifestaciones del PPdeG de que se avanza en la salida de la crisis e hizo hincapié en su demanda de restitución de los derechos perdidos por los empleados públicos y elevar la tasa de reposición al 100 %, ante una situación que calificó de "catástrofe".
En cuanto a nuevos impuestos, citó las grandes superficies, las bebidas con alto contenido en azúcar, los pisos y solares vacíos y los depósitos bancarios. En general, explicó que una parte de sus enmiendas pretenden limitar las "muchas liberalidades" que la norma permite a la Xunta.
El BNG había mantenido hasta la comisión cuarenta enmiendas, que pretenden demostrar -resaltó su portavoz, Francisco Jorquera- que, a pesar del "estrecho corsé" del actual sistema, hay "margen" para otras políticas. Jorquera resaltó la importancia de reformas fiscales con el objetivo de incrementar ingresos, para que no se produzcan ajustes en los servicios públicos básicos, cuando sanidad y educación ya suben un 0,3 % y un 0,1 %, respectivamente, por debajo del incremento medio de los presupuestos y del IPC.
El portavoz nacionalista gallego ha rechazado el recurso a la colaboración público-privada cuando supone un "negocio con los servicios públicos", de lo que puso como ejemplo el caso de autovía de la Costa da Morte, con un coste de 200 millones de euros que se verán "triplicados" en los compromisos de pago. De las modificaciones fiscales señaló también el de los depósitos a las entidades bancarias, que está en el Estado en el 0,03 % y pretende elevarlo a la horquilla del 0,3 % al 0,5 %. En conjunto, cifró el incremento de ingresos por las reformas impositivas en 250 millones de euros.
