La sesión de constitución de la comisión que reactiva la investigación para analizar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros gallegas ya ha mostrado las discrepancias entre los grupos de la oposición y el partido mayoritario en la Cámara, al querer desde la oposición nuevas comparecencias que el PPdeG rechaza. La Cámara reabre esta comisión más de tres años después de su paralización en la pasada legislatura y tan sólo una semana después del ingreso en prisión de sus exdirectivos.
La presidenta de la comisión será la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias, la vicepresidenta será Cristina Romero, también del PPdeG y el secretario será el diputado de En Marea, Manolo Lago. En declaraciones a los medios, el parlamentario de En Marea Manolo Lago ha celebrado la constitución de esta comisión que abordará "la principal estafa que hemos sufrido los ciudadanos", por lo que su grupo quiere "investigarlo todo" para saber "por qué pasó".
"Queremos una comisión de investigación que no tenga límites y que vaya hasta el fondo de todo el proceso", ha advertido. "Hay en esa estafa actores evidentes, que tienen que ver con los autócratas que dirigían esas entidades" pero también con los responsables políticos "que tomaron decisiones en todo ese proceso" con "responsables directos en los grandes partidos del Estado", en la Xunta y en el Gobierno central del Estado", ha enjuiciado.
En base a ello, Lago, ha asegurado que se precisa saber "quién fue el que tomó la decisión de que la entidad financiera gallega fuera privatizada años antes de lo que se va a hacer, por ejemplo, con Bankia". Lago ha considerado "evidente" la necesidad en Galicia de tener "una banca pública" con la que dispondría ahora de un instrumento financiero de primer orden para rehabilitar la economía.
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, que ha expresado su confianza en que, una vez iniciada la constitución, el "camino" para conocer la verdad de lo ocurrido, "sea rápido" de forma que "en este período de sesiones podamos terminar los trabajos".
"Nuestro objetivo es que al final podamos darle a los ciudadanos una explicación convincente de cómo dos entidades acaban siendo primero fusionadas, luego intervenidas y al final vendidas con un coste para los ciudadanos muy relevante y por el medio con cuestiones que no nos parecen demasiado ejemplares, como el asunto de las indemnizaciones a los directivos", ha dicho Leiceaga Por ello, ha reclamado que todos los grupos trabajen para dar "una explicación convincente sobre lo ocurrido", y para ello, ha señalado que el PSdeG reclama cerrar "algunos flecos" antes de ponernos a redactar las "conclusiones de la comisión".
En este sentido, ha reclamado nuevas comparecencias como las de algunas personas que no pudieron hacerlo en su momento "por cuestión de calendario, que estaba previsto que compareciesen". También ha indicado "algunas otras que por el tiempo transcurrido pueden aportar alguna luz", como la del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez o del exdirector del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), Javier Aríztegui.
La líder del BNG, Ana Pontón, ha advertido de la importancia de que esta comisión de investigación, a diferencia de la iniciada en el años 2013, "no nazca ni amordazada ni condicionada", porque todavía "hay muchas cuestiones que investigar" sobre todo el proceso "de bancarización de las cajas", pero también sobre las responsabilidades políticas que llevaron a su desaparición. "Los gallegos tenemos derecho a que el Parlamento funcione sin corsés, y que no se utilice una mayoría absoluta como una mordaza a la verdad", ha subrayado. Para la nacionalista, desde el cierre de la comisión hace tres años han sucedido numerosas cambios en la situación de las antiguas cajas que requieren "la apertura de una nueva fase de comparecencias.
En primer lugar -ha dicho- para el BNG sería fundamental que pudiese comparecer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a su juicio, relacionado con "asuntos muy graves" como las indemnizaciones de los exdirectivos de las cajas, para lo que fue "cómplice necesario". "Si tuvieron tiempo para blindar unas indemnizaciones ilegales fue porque el Núñez Feijóo los blindó en sus responsabilidades, modificó una ley para que estuvieran un año más y fue precisamente en ese tiempo cuando se hicieron esas ilegales indemnizaciones", ha recordado Pontón que ha insistido en que no se cree que "no hubiera un pacto en ese sentido" y Feijóo desconociese "para qué se les concedía ese año de prórroga en sus altos cargos".
Además, ha reiterado que desde su grupo mantienen que los gallegos tienen derecho "a saber cuál fue el coste real" de la venta de las cajas, puesto que de no haber realizado esta actuación, en la actualidad "tendríamos una entidad que estaría dando beneficios" y que sería "un instrumento fundamental para la economía en nuestro país". Así, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado que con el arranque de esta comisión se da "cumplimiento a una petición que inició el Partido Popular" con el objetivo de terminar los trabajos de la IX Legislatura, en los que ya se acumuló una información muy destacable. En su opinión, el material con el que cuenta la Cámara "es suficiente, ya que las comparecencias fueron también "suficientes".
"Estamos seguros de que con esa información y que con esa documentación que está a disposición de los diputados se podrá dar una explicación convincente para que todos sepamos exactamente lo que pasó", ha explicado Puy. Además, ha asegurado que "todas las personas que fueron citadas comparecieron" como el otrora Gobernador Banco España que compareció de dos veces por escrito.
En cuanto a la petición de comparecencia de Feijóo, el parlamentario popular ha insistido en que los grupos cuentan con otros instrumentos para saber qué piensa el presidente, "que también compareció en la comisión" "Por lo tanto yo creo que -el establecido- es un plan de trabajo ajustado a lo que pretende la comisión", y por ello lamenta la "distancia" entre lo que pide la oposición y lo que considera el PPdeG. Unas discrepancias, basadas en "el prejuicio y las frases que no tienen ningún tipo de respaldo técnico o documental, ya que "hay que saber quién tiene las competencias, quién las ejerció y, por lo tanto, a partir de ahí se pueden depurar responsabilidades".
Por ello, ha insistido además en que una comisión de investigación no debe ser un sitio "para traer prejuicios o hacer política partidaria", con la que algunos grupos buscan "hacer ruido mediático aprovechando circunstancias concretas de la evolución de algún procedimiento judicial".