El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas, ha señalado hoy que está pendiente de recibir la sentencia que condenó a una trabajadora por cohecho, en estos momentos de baja por depresión, para tomar una decisión al respecto.
En declaraciones a los medios tras reunirse, junto a otros miembros de la directiva de la cámara fusionada, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, García Costas quiere "conocer la sentencia de conformidad", pendiente aún de recibirla, para decidir sobre la situación profesional de Rosario Lorenzo. Lorenzo, exsecretaria de la Cámara de Comercio de Pontevedra, aceptó un año de prisión y dos de inhabilitación para cargo público por un delito de cohecho y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios.
En la vista oral celebrada en el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra, Rosario Lorenzo reconoció la autoría de ambos delitos. Tras un acuerdo con la Fiscalía, además de haber devuelto los 22.800 euros de los que se apropió de manera irregular, también tendrá que abonar una multa de 1.620 euros.
Junto a ella, el empresario Juan José María Lago, representante de la Cámara en Brasil, acusado de un delito de cohecho, también se declaró culpable y aceptó dos años de prisión y una multa de 2.160 euros, así como la prohibición para obtener subvenciones o incentivos fiscales o firmar contratos con organismos públicos durante cinco años.
Ninguno de ellos ingresará en prisión, según explicó el fiscal Augusto Santaló, con la condición de que no cometan ningún delito durante dos y tres años, respectivamente. Con este acuerdo con la Fiscalía, ambos reconocieron haber cometido irregularidades en la gestión de la oficina de representación de la Cámara de Comercio en Brasil, de la que era responsable Juan José María Lago.
Durante diez años, hasta 2012, la Cámara de Comercio de Pontevedra firmó con esta oficina una serie de contratos para el asesoramiento, apoyo y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización, valorados en 3.800 dólares mensuales y que eran abonados a través de un programa subvencionado por la Xunta. Para cobrar esa cantidad, el empresario tenía una cuenta bancaria domiciliada en Pontevedra de la que Rosario Lorenzo, según el fiscal, era apoderada y de la que retiró unos 16.000 euros en tres años.
En su investigación, el fiscal concluyó que esos pagos eran una "contraprestación" que pagaba el empresario a la secretaria de la cámara pontevedresa para lograr la adjudicación de estos contratos de asesoramiento. La Fiscalía todavía tiene abiertas otras dos investigaciones sobre las actividades de Rosario Lorenzo en la Cámara de Comercio de Pontevedra.
