La Asociación de consumidores En-Colectivo, responsable de la denuncia ante la Comisión Europea que ayer culminó con la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la UE en las prórrogas de la concesión de la AP-9, vislumbra la gratuidad de la autopista gallega en cuestión de meses y estudia reclamar todos los peajes indebidamente cobrados a los usuarios.
“La apertura de este procedimiento es una noticia sin precedentes que podría suponer la finalización de la concesión y la supresión de los peajes de la AP-9”, ha dicho en rueda de prensa el abogado y presidente de En-Colectivo, Diego Maraña.
La Comisión Europea emplazó ayer al Gobierno de España a la correcta aplicación de las normas de la UE sobre contratación pública y contratos de concesión, que España infringió “de forma flagrante”, según En-Colectivo, al conceder dos prórrogas para la explotación de la AP-9 a la empresa concesionaria Audasa hasta 2021 y hasta 2048, respectivamente.
Ambas prórrogas equivalen a sendas nuevas concesiones, por lo que tendrían que haberse convocado las necesarias licitaciones de concurso público, tal y como denunció en julio de 2019 En-Colectivo ante la Comisión Europea, donde sólo prosperan el uno por ciento de las denuncias que allí llegan, una de las razones que sustentan el optimismo de responsables de la denuncia.
El Gobierno español tiene ahora dos meses para presentar alegaciones; en caso contrario la Comisión empleará otros dos aproximadamente para emitir un dictamen motivado que puede dar lugar al archivo de la denuncia o a que prospere, que es lo que En-Colectivo entiende que va a suceder.
Si prospera supondrá que el Estado español deberá paralizar la concesión porque en caso contrario estaría incumpliendo la normativa comunitaria, y en caso de que ignore el dictamen motivado, la Comisión instará al Tribunal de Justicia Europeo a que inicie un procedimiento judicial con sentencia, que ejecutará el propio Tribunal imponiendo una sanción económica diaria a España en caso de que el Estado no la acate.
“No sabemos lo que España va a hacer”, ha dicho el abogado Carlos Cenalmor, del bufete Gándara Moure, quien entiende que la capacidad de maniobra del Estado es mínima, sobre todo dados los precedentes con una autopista italiana.
“Teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia Europeo ha establecido que la prórroga de la concesión de la autopista italiana infringe la normativa europea, en el caso de las prórrogas de la AP-9, que conozco los dos procedimientos, son muchísimo más graves, por tanto entiendo que España no va a tener razones que alegar a la comisión para hacer ver que las prórrogas son legales”, ha señalado.
Ninguno de los abogados presentes espera que el Gobierno “actúe de buena fe” y no presente alegaciones, sin embargo les ven muy pocas o ninguna opción de prosperar y, si todo avanza como ellos esperan, no descartan que en plazo máximo de seis meses se ponga fin a la concesión y que la AP-9 pase a ser gratuita, algo que, señalan, tendría que haber sucedido en 2013.
Es por ello que ya han anunciado que estudian nuevas acciones legales una vez se declaren nulas las ampliaciones de las concesiones.
“Esto puede tener un efecto muy importante si se considera que desde 2013 ha sido nula porque pudiera ser que se originase un derecho por parte de todos los gallegos que hemos estado pagando. Podría considerarse cobro indebido la totalidad de los peajes”, ha dicho Antonio Heredero, de Balms Abogados, quien ha animado a los usuarios de la AP-9 a que se unan a una posible demanda colectiva contra Audasa y el Estado español para reclamar ese dinero.
Si finalmente las prórrogas de la concesión son nulas, como esperan, entienden desde En-Colectivo que ningún Gobierno osaría hacer una nueva concesión, pues “supondría un agravio comparativo” con otros lugares de España como Cataluña, Andalucía o Burgos, donde sus autopistas pasaron a ser gratuitas una vez vencidas las concesiones.
Lo que no descartan es una licitación de mantenimiento, pero en todo caso eso supondría unos peajes “infinitamente menores” para los usuarios de la principal vía de comunicación de Galicia, que es la más cara de España.
Por todo ello, los tres abogados presentes no dudaron en calificar de “hito” la apertura de este procedimiento por parte de la Comisión Europea, que puede suponer el final de un largo camino.
“Esta iniciativa la ha planteado En-Colectivo a pulmón. No hemos tenido apoyo de ningún partido político ni de ningún gobierno y nos hemos sentado y les hemos comunicado la situación a todos”, ha puntualizado Maraña.
