lunes. 04.03.2024

El propietario de la mercantil Bautista Administradores y su hija han aceptado sendas condenas de cuatro y dos años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida del que fueron víctima 82 comunidades de propietarios de Vigo y la comarca por una cuantía total de 1,1 millones de euros. La Fiscalía pedía inicialmente para cada uno de los procesados, R.M.B.F. y M.B.M., siete años de cárcel y una multa de 2.500 euros, que ha sido rebajada a 1.800 y 1.200 euros, respectivamente.

 

En el caso de la hija, M.B.B., se suspenderá la condena en el caso de que se demuestre su insolvencia. Así lo han pactado la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas antes del comienzo del juicio en la Audiencia de Pontevedra, que se reanudará el viernes para dirimir la responsabilidad civil. La Fiscalía solicita la indemnización conjunta y solidaria, con responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Administradores Vigo, a las comunidades afectadas. El abogado Guillermo Presa, que ha ejercido como portavoz de los afectados, ha explicado que hay un preacuerdo sobre las indemnizaciones que ahora las aseguradoras tendrán que discutir. Sin dar detalles, ha apuntado que hay varias opciones que se pueden negociar, como quitas de las cantidades, los intereses o las costas procesales.

 

Respecto a la posible insolvencia de los acusados, Presa ha señalado que se realizará una averiguación patrimonial para determinar si estos tienen o no propiedades o bienes por los que puedan responder, pero "en principio, no hay expectativas", ha dicho. En la fase de instrucción, la jueza Carmen García Campos eximió de toda responsabilidad a los otros tres investigados inicialmente por este fraude masivo, todos ellos trabajadores de Bautista Administradores. En cambio, sostuvo, al igual que la Fiscalía en su escrito de acusación, que el propietario de la empresa y su hija, en su condición de administradora solidaria, se apoderaron, entre 2008 y abril de 2013, de sumas de dinero de las comunidades, tanto procedentes de cuotas ordinarias como extraordinarias (derramas) y otros ingresos recibidos por las mismas.

 

Lo hacían mediante la disposición en efectivo de fondos de dichas comunidades por medio de su retirada de las cuentas correspondientes, librando talones contra dichas cuentas o bien cargando "de forma deliberada" recibos duplicados, así como realizando traspasos o transferencias desde las mismas. Además de descubiertos en algunas cuentas, generaban recargos que tuvieron que ser asumidos por las comunidades administradas. Asimismo, se apoderaron de parte del dinero procedente de los arrendamientos.

Condenan a 4 y 2 años a los gestores de fincas por desfalcar 1,1 millones euros