El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos en España, y la gestión de los inmuebles en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) vuelve al centro del debate político. La próxima semana, el Congreso de los Diputados analizará una propuesta legislativa impulsada desde el Parlamento de Cataluña, que plantea que la Sareb destine el 80% de su cartera de viviendas a alquiler social.
Una medida para garantizar el retorno social del rescate bancario
La propuesta, promovida por Esquerra Republicana, se debatirá el martes 11 de marzo y busca dar respuesta a la falta de vivienda asequible mediante la creación de un fondo social de vivienda. Según sus impulsores, esta medida serviría para compensar el impacto que tuvo la crisis financiera en la ciudadanía, asegurando un retorno social al rescate de la banca.
El rescate bancario, llevado a cabo a partir de 2008, supuso un coste superior a los 64.000 millones de euros, de los cuales una parte significativa fue asumida por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Sin embargo, desde algunos sectores se ha denunciado que, mientras la banca recibió apoyo inmediato, no se habilitaron suficientes mecanismos para proteger a las familias que sufrieron las consecuencias de la crisis, como desahucios o pérdida de acceso a una vivienda digna.
Vivienda social y reforma de la estabilidad presupuestaria
Además de la cesión de viviendas para el alquiler social, la propuesta contempla que la Sareb ceda también el 50% de sus terrenos urbanizables para la construcción de viviendas de protección oficial. De este modo, se pretende crear un parque público de vivienda que contribuya a paliar la crisis habitacional y brinde una solución estructural al problema del acceso a la vivienda.
Asimismo, el texto plantea una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan destinar el superávit a políticas de vivienda. Esto permitiría, entre otras medidas, que los gobiernos locales ejerzan el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas en procesos de ejecución hipotecaria, evitando que pasen a manos de fondos de inversión y favoreciendo su integración en el mercado de alquiler social.
Un debate abierto sobre el futuro de la Sareb
La iniciativa pone sobre la mesa una cuestión clave: ¿debe la Sareb jugar un papel activo en la solución del problema de la vivienda en España? Desde su creación, esta entidad ha gestionado activos inmobiliarios procedentes de entidades rescatadas con dinero público, y su papel en la política de vivienda ha sido objeto de debate.
Con esta proposición de ley, los partidos deberán posicionarse sobre el uso de los inmuebles en manos de la Sareb y decidir si su función debe ir más allá de la venta de activos para maximizar su rentabilidad. El resultado de la votación en el Congreso será determinante para el futuro de estas viviendas y para la estrategia de vivienda social en España.
