Los números 1 y 2 de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, se han negado a declarar en el juicio que este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional contra ellos y otros siete acusados de la rama de Jerez de esta trama de corrupción política relacionada con el PP. Así lo han adelantado sus abogados, Juan Carlos Navarro y Miguel Durán, respectivamente, en la fase de cuestiones previas de la vista que se celebra contra los nueves acusados, cinco de ellos funcionarios, por tres contratos supuestamente irregulares del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid en 2004. Se trata del quinto juicio sobre actividades de la trama Gürtel y el primero en el que los dos principales responsables del entramado han decidido no prestar declaración. Ambos ya cumplen en prisión penas superiores a 60 y 50 años de prisión, respectivamente, impuestas en distintas sentencias.
Los acusados deberán responder por tres contratos, para el montaje del expositor de Fitur, un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y otro flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros, según la acusación de la Fiscalía. Por esos supuestos amaños la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales 7 años y 9 meses de cárcel para Correa, Crespo y para otros dos miembros de la trama, Isabel Jordán y Javier Nombela. Para los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez acusados reclama entre dos y siete años de prisión.
La fiscal ha pedido que declare en primer lugar la acusada Isabel Jordán ya que en virtud de un acuerdo al que ha llegado con la Fiscalía reconocerá hechos y además antes del juicio ha presentado un escrito en el que aporta indicios de que la alcaldesa de Jerez en la época de los hechos, la actual diputada del PP María José García Pelayo, sabía de las adjudicaciones investigadas. El escrito de Isabel Jordán ha llevado a las acusaciones ejercida por PSOE y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) a pedir que sus suspenda este juicio para que se celebre con María José García Pelayo sentada en el banquillo junto con el resto de acusados, en cuyo caso se celebraría en el Tribunal Supremo al ser esta aforada por su condición de parlamentaria.
La fiscal se ha opuesto a la suspensión del juicio ya que estima que si a raíz de las nuevas revelaciones de Isabel Jordán se reabriera la causa contra García Pelayo, que fue archivada en su día por el Supremo, ésta podría ser juzgada en solitario en el alto tribunal aparte de los acusados que se sientan ahora en el banquillo de la Audiencia Nacional. Además la fiscal se ha opuesto a la nulidad del procedimiento planteada por las defensas por supuesta obtención ilegal de pruebas como las grabaciones realizadas por el exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que desvelaron la trama, y las realizadas a acusados y sus abogados en la cárcel de Soto del Real (Madrid).
Igualmente la fiscal ha mostrado su rechazo a la petición de la representación de Pablo Crespo de que testifique en el juicio el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional por su implicación en un entramado delictivo que investiga la Audiencia Nacional, al estimar que no tiene relación con la causa. Miguel Durán ha reclamado que también comparezcan como testigos el excomisario principal de la Policía Nacional Juan Antonio González García, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de este Cuerpo en la época de los hechos, José Luis Olivera, y el comisario Gabriel Fuentes.
Según la querella que Crespo presentó en su día contra el primer instructor del caso Gürtel, el entonces juez Baltasar Garzón, en una grabación de Villarejo se constata que éste le cuenta a Gabriel Fuentes que se habría reunido, un día antes de la admisión a trámite del asunto, con Garzón, con Juan Antonio González y con José Luis Olivera. Miguel Durán ha alegado hoy en la fase de cuestiones previas del juicio que Baltasar Garzón "se apropió" de forma ilegal de la competencia para investigar el caso Gürtel al vulnerar las normas de reparto entre los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional.
