El pequeño accionista que se querelló contra la cúpula del Banco Pastor ha solicitado la imputación del hermano del expresidente de la entidad José María Arias por considerar que también era administrador de las sociedades en las fechas que se investigan en la causa que se juzga en A Coruña.
El expresidente del consejo de administración del Banco Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera consejero delegado Jorge Gost Gijón han sido imputados en los juzgados de A Coruña por los presuntos delitos de administración fraudulenta, delito societario, falsedad documental y dos delitos relativos al mercado y los consumidores, al que la querella añade un delito de estafa.
Arias, que califica esta denuncia de "falsa acusación", prestó declaración en febrero ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña por unos hechos ocurridos en los años 2008, 2009 y 2010, cuando el querellante asegura que "las cuentas de la sociedad eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario". Asimismo, el exconsejero delegado Jorge Gost declaró un mes después en el juzgado y defendió que su actuación, como también hizo el expresidente, está amparada por el Banco de España.
Fuentes del bufete que representa al pequeño accionista explican que "la operativa diseñada permitía dar apariencia de solvencia a un banco que estaba en quiebra legal y en esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba preferentes y acciones para ser suscritas las emisiones por pequeños clientes". Los abogados argumentan, en base a informes económicos, que para "ocultar" esta situación los querellados "orquestaron todo un artilugio fraudulento".
Ahora, Frade Gobeo, el bufete del querellante, solicita imputar también al hermano del expresidente del Pastor, al considerar que también administraba las sociedades en las fechas que se investigan en la causa de A Coruña. "Los Arias, Gost y otros consejeros ejecutivos de la entidad financiera, se cobraron un total 2.174.000 de euros (1.096.000 en 2008 y 1.078.000 en el 2009), gracias a los beneficios presuntamente maquillados y falseados", explican a Efe los letrados.
En el último escrito presentado el 10 de abril por este bufete se expone "cómo las cuentas anuales del Banco Pastor se falsearon haciendo aparecer en la cuenta de resultados beneficios donde en realidad habían pérdidas, con el objeto de que sus consejeros pudieran cobrar, ya que las retribuciones variables de estos se calculaban en relación con la cuenta de resultados". Según indican, hicieron aparecer "artificialmente" en la contabilidad del banco "como vigentes créditos morosos que tendrían que haberse apuntado como pérdidas", pero el Pastor "hacía que una sociedad de su propio grupo financiero, creada para este propósito, se subrogara en la posición del deudor".
"De este modo, de un plumazo, desaparecía el deudor hipotecario moroso y se reemplazaba por un deudor hipotecario aparentemente solvente", dicen los abogados, que indican que para que aparecieran en la cuenta de resultados "beneficios donde no los había" y aumentar así la base sobre la que se calculaban las retribuciones variables, se hacía que las sociedades filiales del Banco subrogadas como deudoras "pagaran intereses" pese a estar "inactivas". No obstante, continúan las mismas fuentes, "para que pudieran pagar, el propio Banco Pastor les inyectaba dinero a través del mecanismo de ir haciendo continuas ampliaciones de capital que suscribía el propio Banco Pastor".
"En definitiva -concluyen-, el Banco Pastor se pagaba a sí mismo, lo que no impedía que esos intereses se apuntaran como beneficios en su cuenta de resultados", informa Iñaki Frade, de Frade Gobeo. El Banco Pastor, para hacer frente a esta "continua sangría" utilizaba "los recursos que obtenía de sus propios accionistas cuando hacía nuevas emisiones de acciones o de las personas que suscribían preferentes entre otras fuentes", enfatizan los abogados.
Advierte el bufete Frade Gobeo de que "no pueden plasmar en esas cuentas apuntes contables que no se correspondan con la realidad y si lo hacen, dice el Código Penal, se exponen a ser condenados a una pena de multa y de cárcel", concluye Carlos Deutú, de este bufete. Frade Gobeo reclama al juzgado de A Coruña el derecho a la tutela judicial efectiva que "exige que, ante la comisión de un delito, el sistema penal reaccione y actúe conforme a las necesidades que son propias de cada momento procesal", ha recordado.
