La industria ha entrado de lleno en la precampaña electoral gallega con las múltiples protestas llevadas a cabo por los trabajadores de las plantas de Alcoa, en Lugo, y de Alu Ibérica, en A Coruña, y la drástica caída del empleo y de la facturación en el naval y el sector de la automoción.
La factoría lucense de Alcoa es la única de España que produce aluminio primario pero sobre ella pesa una amenaza de cierre. Los avisos que ha venido lanzando en los últimos años la multinacional en relación con el estado de salud de la planta de producción de San Cibrao, en principio como consecuencia del elevado precio de la energía, han cobrado forma hace poco menos de tres semanas, cuando la dirección de la compañía anunció el inicio de consultas para desarrollar un proceso de despido colectivo que afectaría a 534 trabajadores.
El impacto sobre la provincia de Lugo, en general, y sobre la economía de la comarca de A Mariña, de forma particular, sería realmente brutal si finalmente la multinacional llevase a término los despidos anunciados dado que, en la práctica, supondría dejar a la planta de aluminio primario prácticamente sin personal, con las consecuencias inmediatas y directas para el empleo en las empresas auxiliares.
El complejo industrial de San Cibrao, asentado entre los municipios mariñanos de Xove y Cervo, está compuesto por una fábrica de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas, respectivamente, y su peso en la economía local es de tal envergadura que representa un tercio del producto interior bruto de la provincia de Lugo.
Después de años de tiras y aflojas, generalmente provocados por el precio de la energía, que en el caso de las industrias electrointensivas representa un porcentaje muy elevado de los gastos de explotación, Alcoa comunicaba el pasado 28 de mayo al comité de empresa de la fábrica el "inicio de un período de consultas" para el "proceso de despido colectivo".
La compañía propuso que este período durase tres semanas, que se cumplen este jueves, de modo que la representación de los trabajadores es consciente de que, si nada lo remedia, la empresa podría presentar un ERE "a finales de esta semana o principios de la próxima".
El comité de empresa espera noticias en las dos reuniones fijadas con la dirección de Alcoa para esta semana, concretamente para el miércoles -día 17- y para el jueves -día 18-. En cuanto a los motivos que han llevado a la multinacional a tomar esta decisión, Alcoa cita "los altos costes de energía" pero también "el bajo precio del aluminio que, junto con el exceso de capacidad global, han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen".
El Ministerio de Industria le pide a la compañía norteamericana que reconsidere su decisión y corresponsabilidad, porque ha tenido -y sigue teniendo- importantes ayudas públicas, condicionadas al mantenimiento del empleo, cifradas por el propio Gobierno de España en más de 37 millones de euros en los dos últimos años.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, dijo que, en estas circunstancias, la nacionalización de la planta de aluminio primario debería estar como "primera opción encima de la mesa" para tratar de salvar la fábrica y le pide a todos los partidos políticos que apoyen esa posibilidad.
"Creemos que la fábrica es viable y vamos a luchar para que siga funcionando. No estamos para nada de acuerdo con lo que ha expuesto la empresa", insistió, además de pedir a "la Xunta de Galicia y al Gobierno" que se "involucren" para tratar de buscar una salida.
Por parte de la Xunta de Galicia, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha culpado a la "inacción del Gobierno" del posible cierre de la factoría de producción de aluminio primario. Entretanto, se suceden las iniciativas por parte de la sociedad mariñana para tratar de salvar el empleo en Alcoa y las manifestaciones que se han producido en las últimas semanas son las más multitudinarias que se recuerdan en la comarca, con más de 17.000 personas en la que recorrió Viveiro.
"Los políticos están nerviosos" y "toca seguir apretando" para que busquen una solución, asegura Zan. En A Coruña, la incertidumbre se ha adueñado de los empleados de Alu Ibérica en los últimos meses tras ver cómo se incumplía el contrato que garantizaba sus puestos de trabajo y la viabilidad de la aluminera durante al menos dos años.
La fábrica situada en el polígono de Agrela vivió el año pasado su etapa más convulsa después de que la entonces propietaria, Alcoa, anunciase su intención de cerrarla. El 31 de julio de 2019, los trabajadores vieron un atisbo de esperanza al conseguir, tras meses de protestas, que la multinacional vendiese la factoría, junto a la de Avilés, al fondo suizo Parter Capital, tras un proceso avalado por el Ministerio de Industria.
Pero el pasado mes de abril los empleados conocieron al nuevo propietario de las plantas, el Grupo Industrial Riesgo, después de que Parter le cediese la mayoría accionarial. Ahora, piden que se les devuelva un año de garantías que consideran "un engaño" y reclaman que se clarifique la situación mercantil de la empresa, pues dudan de la operación de venta que, a su juicio, deben investigar el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia. Esta fábrica, en la que llegaron a trabajar más de 500 trabajadores, ahora acoge a 328 que temen por su futuro.
El aluminio primario fue durante años la mayoría de su producción, hasta que Alcoa decidió parar las cubas de electrólisis en febrero de 2019. Prosigue la fabricación de aluminio secundario, para la que es necesario comprar el aluminio primario a otras compañías.
Otras actividades industriales en Galicia también han entrado en campaña, en mayor o menor medida. El sector naval de la ría de Ferrol afronta el período electoral gallego entre la esperanza por el desbloqueo de su proceso de incorporación de nuevo personal y un clima de tensión en el seno de los sindicatos.
Mientras tanto, la exigencia de carga de trabajo ha quedado temporalmente aparcada por la alerta sanitaria. Sin embargo, el verano será el período en que los astilleros de la ría de Ferrol ultimen las dos construcciones pendientes para la Armada de Australia y asistan al vaciado de sus gradas en el corto plazo. La solicitud para que se ejecute un nuevo buque para las Fuerzas Armadas españolas no ha encontrado respuesta firme por parte del Gobierno en los últimos meses. A cambio, el grupo dependiente de la SEPI sigue explorando vías alternativas de negocio.
En este sentido, prevé firmar este mismo jueves en alianza con la privada Windar su mayor acuerdo en el sector de la eólica marina. De nuevo, ese ámbito permitirá dotar de encargos a su planta de Fene, en la misma ría ferrolana, para ejecutar 62 estructuras flotantes para Iberdrola.
El contrato está relacionado con un nuevo parque en la costa de Francia. Igualmente ocurre en la industria naval en Vigo, en concreto con uno de los dos grandes astilleros de la ría, Factorías Vulcano, y los recursos presentados por el presidente del puerto de Vigo, Enrique López Veiga, contra el plan de liquidación de la compañía.
El puerto lo impugnó al no considerar resuelta una concesión administrativa sobre el dominio público portuario, vigente hasta 2027, que ocupa parte de las instalaciones de Vulcano, en las que un grupo empresarial, Vicalsa, se ha postulado para desarrollar un proyecto de reparación naval. En su conjunto, el sector metalúrgico gallego, que engloba a la automoción y también a la industria naval, da empleo a 67.000 trabajadores.
La patronal gallega del metal, Asime, calcula que más del 60 % de las actividades que aglutina el sector en Galicia están recibiendo "golpes muy relevantes" que conducen a una previsión de caída del empleo, a cierre de 2020, de entre el 8 % y el 10 %, alrededor de 6.000 trabajadores, y de entre un 10 % y un 12 % de la facturación.
En cambio, prevé que 2021 va a ser "un buen año" para el metal, y "muy bueno" en Galicia, siempre y cuando no haya "rebrotes de relevancia" de la COVID-19. La fábrica del Grupo PSA en Vigo, cabeza tractora de la industria de la automoción en Galicia, que da empleo a más de 20.000 personas, trabaja desde este sábado a cuatro turnos -mañana, tarde, noche y fines de semana-, adelantándose dos semanas al calendario inicialmente previsto.
En la fábrica sigue vigente un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculado al estado de alarma, y la dirección aprobó otro, con el respaldo del SIT y UGT, por causas organizativas y de producción, aplicable hasta final de año para sus 4.600 trabajadores fijos.
La semana pasada, fuentes de la multinacional francesa deslizaron la posibilidad de recurrir a trabajadores en ERTE del grupo en España y Portugal para su factoría en Hourdain ante la fuerte demanda de sus furgonetas, después de que desde la Xunta se lanzara un mensaje de colaboración para hacer de la fábrica de Balaídos la planta más competitiva de la multinacional gala tras la pandemia del coronavirus. Justo en el momento en el que sonaban con más fuerza los mensajes de relocalización de la industria francesa.
