El dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, señalado en el sumario de la Operación Patos como cerebro de una supuesta trama corrupta para amañar contratos públicos, se ha negado hoy a declarar por tercera vez en sede judicial.
Apenas ha comparecido unos minutos ante el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, los suficientes para manifestar su voluntad de acogerse a su derecho a no declarar, lo mismo que hizo cuando fue detenido en febrero de 2014 y en su primera citación como investigado -entonces imputado-, en octubre de 2015. Su representante legal ha confirmado que recurrirá el auto de la juez instructora en el que desestimó la petición de nulidad de las escuchas telefónicas a Pais, sin concretar si lo hará ante la propia sala o ante la Audiencia de Pontevedra.
La magistrada considera que no existe la causa de nulidad invocada inicialmente por Alonso Pais y su socio, Jaime Alvariñas; petición a la que luego se adhirieron más de una decena de investigados, en base a la supuesta inexistencia de autorización judicial para dicha intervención. Incide en que dicho auto, con fecha de 30 de enero de 2013, no obra físicamente incorporado al procedimiento en papel, pero sí en la aplicación informática Minerva.
Los letrados que pedían la nulidad de las escuchas y, en consecuencia, el sobreseimiento de las actuaciones, alegaban que este auto figuraba con un número identificador y en unas diligencias previas que no le correspondían, y además no estaba firmado por la juez que lo suscribió.
La juez de Instrucción 7 de Vigo alega motivos técnicos y resalta que en las actuales diligencias previas también figuran informáticamente otras resoluciones anteriores con idéntica casuística, algo que "sin embargo "no parece sorprender ni molestar a las partes". En total, son medio centenar los investigados en la Operación Patos, entre políticos, funcionarios y empresarios. Figuran en esa lista el expresidente de la Diputación y líder del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE).
La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña; y practicó registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense. También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.