efe.- El extesorero de CIG acusado de desviar a su cuenta 134.875 euros de la caja del sindicato ha alegado hoy en su descargo que tenía la autorización de sus superiores para hacer estas prácticas, cuya finalidad era generar fondos para realizar pagos en dinero negro a proveedores y para dietas.
Juan Carlos F.R., para quien el fiscal pide cinco años por un delito de apropiación indebida, y la acusación particular, seis años y tres meses, al añadir el delito de falsificación documental, ha reconocido que entre septiembre de 2007 y diciembre de 2010 hizo transferencias periódicas a una cuenta que compartía con su pareja.
Las transferencias las hacía desde una cuenta en que ingresaban las cuotas de los afiliados de Unión Fenosa y de Telefónica, que luego se dividían entre lo que se enviaba a la cuenta de gestión de la ejecutiva nacional y una "pequeña parte" que derivaba a la de su titularidad, en la que tenía domiciliados varios pagos particulares. Juan Carlos F.R. ha detallado que ese dinero, que la mayoría de las veces retiraba de un cajero casi de inmediato, se dedicaba al pago de "gastos por actividad sindical" de afiliados no asalariados, servicios como limpieza o publicidad, y para los alquileres de locales del sindicato, como el de Lalín o el de O Grove.
Asimismo, ha indicado que otra práctica para generar dinero negro era la emisión de talones al portador, algunos de los cuales cobró y otros los firmó y los cobró otra persona. Ha recalcado que sus superiores eran "perfectamente conocedores" de estas prácticas y ha admitido que se "pilló las manos" al colaborar con las mismas. Ramiro O., responsable del departamento de finanzas de la CIG, ha negado categóricamente los pagos en metálico apuntados por el acusado y ha asegurado que "todo pasa por el banco y por la cuenta de gestión" del sindicato, principalmente para "evitar tentaciones". Aunque luego, durante su declaración como testigo, ha acabado reconociendo que se pagaban determinados servicios, como el de limpieza o el de publicidad, con talones, primero por una cuantía máxima de 600 euros, y más adelante, por encima de esa cifra. Ha subrayado que "bajo ningún concepto" el acusado estaba autorizado para hacer los movimientos entre cuentas, así como que éste era el único que disponía de las claves de banca electrónica para gestionar algunas de ellas, como la que supuestamente utilizó para apropiarse de casi 135.000 euros.
El responsable de finanzas de CIG ha alegado que no se dio cuenta del supuesto desfalco hasta que un día le ordenó al tesorero que transfiriera 100.000 euros de una de las cuentas que éste gestionaba a la utilizada por el sindicato para realizar los pagos y le contestó que no tenía fondos. Entonces le pidió un extracto de movimientos y éste aportó, según su versión, una documentación falsificada, motivo por el cual la acusación particular, que ejerce el sindicato nacionalista gallego, aprecia un segundo delito añadido al de apropiación indebida, de forma continuada, con el agravante de abuso de confianza. Ramiro O. ha señalado que el acusado acabó reconociendo el desvío de fondos a su cuenta particular por "motivos personales" y que en varias reuniones trató de buscar la manera de que reintegrase el dinero del que presuntamente se había apropiado. En una de esas reuniones participó el secretario de comunicación y propaganda de CIG, Francisco Miranda, quien en su declaración como testigo ha corroborado que el acusado reconoció los hechos y alegó problemas con varias hipotecas, una de la vivienda de sus padres.
En sus conclusiones, el abogado de CIG ha tachado de "ceremonia de la confusión" la declaración de Juan Carlos F.R. en su intento de denunciar pagos en dinero negro dentro del sindicato, y ha hecho hincapié en que "abusó de la confianza" de sus superiores. La defensa, por su parte, ha subrayado la "imprudencia" de su cliente por "prestarse" a estas prácticas, y su "falta de previsión" al no conservar un solo documento que acredite los pagos en "B".
Sin embargo, ha apuntado a "indicios reveladores" de que las tesis de la acusación "no son ciertas", como por ejemplo su supuesto desconocimiento del desvío de fondos hasta sumar casi 135.000 euros, algo que ve "imposible", como también que solo el tesorero tuviera las claves de banca electrónica de determinadas cuentas. Por ello, ha concluido que la querella que interpuso CIG contra su patrocinado fue un "paripé".
