El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña que investiga un posible fraude en el cobro de subvenciones en el marco de la Operación Zeta ha elevado a 30 el número de imputados en este proceso.
El juzgado ha notificado hoy una providencia en la que se llama a declarar en calidad de imputadas a 23 personas más en esta operación, que se suman a las siete iniciales, informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Las primeras declaraciones están señaladas para el mes de febrero y por el momento se prevé que continúen hasta abril.
La causa se sigue por los supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales.
Este juzgado inició el 22 de diciembre de 2011 una investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña. La Policía Nacional detuvo a siete personas tras ser imputadas por el juez, que permanecen en libertad, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública.
De la investigación se concluyó que las entidades investigadas fueron receptoras de más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas, relacionadas, principalmente, con la formación de autónomos, y se descubrió que varias de esas entidades asociativas subvencionadas, algunas de ellas de discapacitados, eran presuntamente ficticias en su actividad, estructura y/o asociados.
Los investigadores también llegaron a la conclusión de que por parte de la consultora de formación implicada se ofrecían y, presuntamente, se entregaban porcentajes ilegales del dinero público recibido por clientes tras las adjudicaciones una vez que estos subcontrataban su ejecución con la citada consultora de formación.
A lo largo del desarrollo de la Operación Zeta por la policía procedió también a la toma de declaración como imputados por su participación en los distintos hechos investigados a 61 personas, veintidós de ellas residentes fuera de Galicia, en localidades de todo el territorio nacional. Este operativo provocó una inmediata reacción política y tres ceses en la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia, que indicó que tuvo los primeros indicios del supuesto fraude en los cursos de formación a principios del 2012, por lo que se dio traslado de los hechos a la Fiscalía.
La oposición ha pedido explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y auditorías sobre este asunto, e incluso la dimisión de la titular de Trabajo, Beatriz Mato. Uno de los imputados en esta operación, el presidente de la empresa de Azetanet, Gerardo Crespo, sostuvo que es "imposible hacer cursos fantasma" y acusó a los políticos de mentir porque "tienen mucho miedo, mucho que tapar".
Desde el Ayuntamiento de A Coruña, el alcalde, Carlos Negreira, aseguró que en el consistorio herculino "no hay ninguna adjudicación" a las empresas investigadas en el marco de la Operación Zeta y condenó "cualquier acto de corrupción, provenga de donde provenga"
