El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha notificado hoy un auto, en el marco de la Operación Zeta, por el que se acuerda incoar una pieza separada relativa a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) y su envío a la Audiencia Nacional. Este juzgado investiga el cobro de subvenciones por el que ha imputado a treinta personas, entre ellas cargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales, por los supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.
En un auto con fecha 28 de marzo y difundido hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), la jueza María Jesús García García recuerda la "complejidad y duración del procedimiento", que arrancó en 2011. Por ello, ha acordado la incoación de una pieza separada con los elementos vinculados a Caype que será enviada al juzgado central de instrucción, de la Audiencia Nacional, que por turno corresponda.
Recuerda la magistrada que Caype se constituyó "como un mero artificio" cuya finalidad era "el acceso a subvenciones" de manera presuntamente ilícita. Estas, en algunos casos, llegaron "incluso a través de la compra de listados de autónomos y constitución de sedes ficticias, en connivencia con el personal de Azetanet" y en "posible connivencia con responsables públicos".
Azetanet es una empresa que se dedicaba a impartir cursos de formación y que centra la trama investigada. La jueza incide en que, durante la investigación, se comentó la supuesta existencia de "fuertes sumas de dinero en efectivo", en algunos casos en "sobres", entre los responsables de las entidades, todo presente en la documentación que remite a otro juzgado, todavía por determinar.
