El Parlamento gallego ha aceptado por unanimidad la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reducir los peajes de la energía eléctrica y combatir la pobreza energética. La iniciativa, gestionada por la CIG y avalada por más de 17.000 firmas, ha sido defendida en el Parlamento por Fernando Blanco Parga, miembro del sindicato nacionalista y exdiputado del BNG.
En la propuesta, que ahora será tramitada en el Parlamento, se valora pedir una rebaja del 30% en el coste de los peajes de la electricidad en Galicia, como territorio productor y excedentario. Además, los firmantes de la ILP demandan que se apruebe una definición de pobreza energética y toman como referencia el modelo inglés.
De este modo, Blanco Parga ha explicado que se considerará pobreza energética cuando una unidad familiar destine el 10 por ciento de sus ingresos a pagar recibos de la luz o gas y no consigan mantener su vivienda entre los 18 y los 21 grados. Tras la aceptación de todos los grupos de tramitar esta iniciativa, el ponente ha asegurado que los promotores de la ILP estarán "muy atentos" a la evolución del texto que finalmente se adopte en el Parlamento "para que lo que se apruebe se ajuste" a sus peticiones.
El diputado del PP Hipólito Fariñas ha explicado que su grupo está de acuerdo "con muchos preceptos" expresados por Blanco Parga, no así con otros, ha advertido, y ha justificado el voto a favor de su grupo para elaborar un texto legal respetuoso con las competencias de Galicia y comprometido con las personas vulnerables. Fariñas ha defendido las medidas de la Xunta para ayudar a las personas en situación vulnerable, como el pago de hasta dos recibos por un máximo de 200 euros por parte de la Administración o la posibilidad de solicitar un bono social.
"(La ILP) Se tramitará y se hará un texto legislativo que servirá para blindar las acciones que la Xunta ya está realizando", ha defendido Fariñas, que ha destacado que el Gobierno gallego es "solidario con los más necesitados". En cualquier caso ha advertido de que sobre la definición de pobreza energética habrá "ocasión de hablar" ya que "la UE aún no ha aceptado una definición para toda Europa, por lo que no hay unanimidad de criterio". Blanco Parga ha explicado en la presentación de la iniciativa que Galicia tiene una gran potencia eléctrica instalada y es "excedentaria año tras año" en un 40%, sin que eso tenga un beneficio.
El ponente ha defendido que la Xunta tenga presencia directa en el sector eléctrico, que por las características de asentamiento de la población en Galicia se incentive el autoconsumo y deje de estar penalizado y que las empresas de uso intensivo de electricidad tengan una tarifa estable y cierta y no se vean "sometidas al invento del Gobierno de Madrid, de hacer una subasta todos los años del precio de la energía". "Que todos los años se sometan a una suerte de ruleta rusa es un disparate, no pasa en ningún sitio de Europa y retrae inversiones para modernizar esas instalaciones", ha dicho sobre plantas como Alcoa y otras grandes consumidoras.
Además, ha afirmado que en el País Vasco hay un coste diferenciado de la energía, y ha pedido impulsar un modelo similar para reducir los costes en Galicia. Sobre la pobreza energética ha incidido en que la ILP pide que se trate como un derecho, como un servicio público, como la educación y la sanidad, por eso ha pedido ir más allá de la "caridad o la limosna" que suponen los bonos o las ayudas puntuales. El resto de grupos en el Parlamento también ha apoyado la iniciativa, si bien entre críticas a las políticas energéticas del PP.
El diputado del PSdeG Abel Losada ha lamentado la legislación "a favor" de las empresas del PP y ha reconocido que si bien los socialistas cuestionan "algún planteamiento general del nacionalismo" sobre la energía, la reducción en el coste de transporte es "perfectamente asumible".
La diputada del BNG Carme Adán ha insistido en que la energía "es un derecho, un servicio público" y ha criticado que el PP en la última ley estatal aprobada, en 2013, estableciese que "no es un derecho, un servicio público, sino una actividad económica de interés general y ese es el problema". Para Adán, la tarifa eléctrica gallega sería un beneficio para las empresas, las familias y las grandes industrias consumidoras y ha incidido en que los peajes que se pagan por la energía son "políticos, por lo que su mantenimiento o rebaja también es una decisión política".
Juan Fajardo (AGE) ha compartido los puntos de vista planteados por el ponente de la ILP y ha asegurado que la pobreza energética afecta "a miles de personas en Galicia", por lo que ha demandado una rebaja en los costes y medidas públicas para ayudar a las familias. En su opinión, una de las causas del problemas son las puertas giratorias entre política y sector energético, ha dicho, y ha defendido la vuelta al sector público de estas empresas porque "es indecente que el precio de la energía, que significa vivir o morir, esté en manos de compañías privadas". También Carmen Iglesias, del Grupo Mixto, ha mostrado su apoyo a la iniciativa porque "beneficiaría al conjunto de la sociedad gallega, a la industria, al empleo, a las clases más desfavorecidas y a las miles de personas que padecen pobreza energética".
