El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro relativa a una sanción de 300.000 euros impuesta en 2014 por el Ministerio de Economía por incumplir su deber de informar. La sentencia, con fecha del pasado 2 de febrero, desestima la demanda presentada por Sousa-Faro, que pedía suspender esa decisión y reclamaba una "unificación de doctrina" sobre otras sentencias del mismo Tribunal Supremo.
El Ministerio de Economía y Competitividad decidió el 10 de enero de 2014 imponer una sanción de 300.000 euros a Sousa-Faro por "incumplir" como consejero de Pescanova "sus deberes de comunicación y difusión de participaciones significativas" en la empresa, lo que fue considerado como una infracción muy grave. El Tribunal Supremo considera que no ha lugar al recurso de casación presentado por Sousa-Faro y ratifica así una decisión similar del 14 de mayo de 2015 de la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
