viernes. 29.03.2024

Los asuntos pendientes en los juzgados especializados en conflictos hipotecarios continuaron a la baja en 2020 pese a la paralización de la actividad judicial por la pandemia, con lo que en Galicia ya se han resuelto un 65,1 % de los ingresados desde la puesta en funcionamiento de estas sedes en 2017, frente a 60 % en el conjunto de España.

Los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierten, sin embargo, de diferencias en los niveles globales de resolución por comunidades autónomas, y es que mientras que la tasa de Asturias se sitúa en el 96,6 %, la más alta de España, Madrid, con un 31 %, ha sido el único territorio en la que ha descendido respecto a finales de 2019 (cuando era del 32 %).

Según explica el órgano de los jueces en una nota de prensa, al cierre de 2020, había 239.445 asuntos pendientes de resolución, cerca de un 1,9 % menos en términos interanuales.

A finales del pasado año, la actividad de estos juzgados recuperó el ritmo de 2019 en todo el territorio nacional a excepción de la Comunidad de Madrid, donde los niveles de resolución fueron muy inferiores a los del resto de comunidades autónomas y los de pendencia triplicaron la media nacional.

En 2020, ingresaron en los órganos especializados en cláusulas abusivas de todo el país 110.426 asuntos, 22.045 menos -un 16,64 % menos- que en 2019.

No obstante, también disminuyó un 18,8 % el número total de asuntos resueltos, que pasaron de los 141.643 de 2019 a 114.962 de 2020.

Desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017, estas sedes han recibido 583.964 asuntos y han resuelto 358.512, lo que equivale a 6 de cada 10 asuntos (61,39 %).

LA TASA DE RESOLUCIÓN VARÍA POR COMUNIDADES

A tenor de estas cifras, la tasa de resolución anual -que refleja la relación entre el volumen de procedimientos ingresados y la capacidad resolutiva de los juzgados en un determinado periodo- se mantuvo, a nivel nacional, por encima del 100 % (en concreto, el 104 %), apenas 2,8 puntos menos que la registrada en 2019.

Aun así, desde la entrada en funcionamiento de estas sedes, la tasa global ha mejorado al pasar del 50 % a 31 de diciembre de 2019 al 66,8 % de finales de 2020.

Tomando como referencia junio de 2017, los niveles de resolución más altos son los de Asturias, con un 96,6 %; La Rioja (93,4 %); Aragón (87,9 %); Castilla y León (81,6%), y Navarra (80,7 %).

Acto seguido se encuentran Canarias (78,5 %); Castilla-La Mancha (76,7 %); País Vasco (72,3 %); Baleares (72,1 %); Extremadura (71,7 %); Murcia (66,2 %); Cantabria (65,5 %); Galicia (65,1 %), y Comunidad Valenciana (64,9 %).

Por el contrario, se sitúan por debajo de la media nacional Andalucía (53,1 %); Cataluña (44,8 %), y Madrid que, con un 31 % es el único territorio cuya tasa de resolución total ha descendido respecto a finales de 2019.

LAS SENTENCIAS, A FAVOR DEL CLIENTE

Durante 2020, los juzgados especializados dictaron 97.450 sentencias (el 97,9 % favorables al cliente), cifra que aumenta hasta las 296.212 si se cuentan desde 2017 (de ellas, el 97,2 % dieron la razón al demandante).

Si bien estas sedes recuperaron el pulso tras el parón por la pandemia de la covid-19, el número de sentencias dictadas en 2020 disminuyó un 17 % respecto a 2019 (117.474), rompiendo así con su evolución alcista.

Pero los asuntos también pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.

En el último año se dictaron 9.788 autos finales y 6.798 decretos; desde el 1 de junio de 2017, los autos finales han sido 35.193 y los decretos, 23.313.

Entre los supuestos contabilizados por el CGPJ se encuentran litigios por cláusulas suelo, así como reclamaciones sobre otros aspectos de la contratación hipotecaria como son el vencimiento anticipado, los intereses moratorios, las hipotecas multidivisa o los gastos de formalización de hipoteca. 

Galicia tienen resueltos ya el 65,1 % de los conflictos hipotecarios pendientes