La Guardia Civil ha imputado a los tres responsables de una empresa de transportes con sede en la localidad lucense de Abadín por falsificar, supuestamente, los certificados de lavado de las cisternas de sus camiones, en las que cargaban en ocasiones productos industriales y residuales y en otras contenidos destinados al consumo humano.
Según informó el instituto armado en un comunicado, los imputados son los dos socios administradores de una empresa "dedicada al transporte de productos a granel destinados a la alimentación", una pareja de 48 y 47 años de edad, y el responsable de tráfico de la compañía, de 30 años, todos residentes en la localidad de Abadín.
Los tres sospechosos "supuestamente ordenaban a sus conductores la confección de certificados falsos" para acreditar que habían "lavado las cisternas de los camiones en el propio lavadero de la empresa", cuando en realidad los vehículos pesados se "encontraban incluso a más de 1.000 kilómetros de distancia de Abadín".
La investigación realizada por la Guardia Civil permitió determinar que la empresa realizaba transportes entre varios puntos de la geografía española y el sur de Francia, "cargando en ocasiones con aceites pesados, breas de destilación y residuos relacionados con la producción de biodiésel" y "en otras con productos destinados al consumo humano, como leche, vino y zumos".
En ese tránsito, no quedaba "garantizada la realización del lavado necesario establecido" en la normativa que regula esta actividad, porque "la documentación era falsedad por orden de los imputados, utilizando para ello certificados del lavadero de la empresa que eran entregados a los conductores antes del viaje".
Los investigadores comprobaron que "a los conductores les llegaban en forma de mensaje de texto a un teléfono móvil las órdenes de carga y descarga de los diversos productos", sin cumplir los requisitos necesarios y viéndose obligados a falsificar varios certificados de lavado de las cisternas. La Guardia Civil sostiene que al transportar unas veces productos residuales -como aceites usados, residuos de animales o vegetales- y otras veces productos destinados al consumo humano, se desconoce el riesgo real que pueda tener esta conducta delictiva para la salud pública. Las personas imputadas han sido puestas a disposición judicial.
