La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) propuso más de doscientas medidas para luchar contra la economía sumergida y espera que el Gobierno decida incorporarlas en la reforma fiscal. Entre ellas, figura la idea de iniciar un debate público sobre la legalización de algunas actividades como la prostitución y el tráfico de drogas blandas.
El informe también pide prohibir la financiación pública de los partidos políticos, eliminar los billetes de alta denominación, que Hacienda publique una lista de morosos y recentralizar la fiscalidad y quitar competencias a las CCAA.
En cuanto al delito fiscal, proponen elevar el umbral de los 120.000 euros a los 600.000 euros, pero elevando las penas para que los defraudadores ingresen en prisión.